Un informe de Human Right Watch critica la falta de compromiso del Gobierno con respecto a los asesinatos de líderes sociales en Colombia. La Fiscalía presentó recientemente un documento que va en contravía de lo que dice este organismo internacional y del mismo modo la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía asegura que esta situación no tiene nada que ver con la implementación de los acuerdos.

Según el reciente informe de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, el 68,35% de los homicidios contra líderes sociales en Colombia se esclareció durante 2021.

El ente acusador dio a conocer que de los 417 casos que nombró la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se logró avances en las acciones judiciales en 285.

“Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales, en el entendido de que, en febrero de 2020, el avance de esclarecimiento se ubicaba en 52%”, informó la Fiscalía.

Agregó la entidad que las disidencias de las Farc son el grupo armado con mayor número de casos, seguido del Clan del Golfo y el Eln, además que judicializaron a 25 miembros de organizaciones ilegales y condenaron a otros 46.

“Estos logros son posibles gracias al trabajo articulado al interior de la entidad, así como la puesta en marcha de 13 proyectos investigativos entre otros en Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Norte de Santander”, dijo el director de la Unidad Especial de Investigación, Hernando Toro Parra.

Lo que dice Archila

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que es impreciso catalogar que el asesinato de líderes sociales dependa de la implementación de los acuerdos.

“Cuando Colombia firmó los acuerdos los firmó con las Farc, eso es un solo grupo, el Eln ya existía, el 'Clan de Golfo' ya existía, 'Los Puntilleros' ya existían, al igual que 'Los Caparros', y a eso se le suma la desgracia de las disidencias de las Farc, y son estos grupos los responsables de estos ataques, entonces, pensar en la implementación en la que el país le ha ido bien, por sí misma, pensar que era suficiente para resolver todos los temas de violencia y alcanzar una paz duradera, era solo un titular”, resaltó el consejero. 

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Archila aseguró que la inversión del Gobierno nacional para la implementación de los acuerdos de paz, este año, superó el billón de pesos y para el 2022 esta suma será mucho mayor.  

El informe de HRW

En el documento presentado por HRW se recuerda el desolador panorama que vivió el país entre finales de abril y junio del 2021, cuando se registraron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial.

“Policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas. HRW halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales”, se lee en el documento publicado ayer, 13 de enero.

Según ese informe, más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016; lo que convierte a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de asesinatos de defensores a nivel mundial. Hasta septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había documentado el asesinato de 58 defensores de derechos humanos en 2021 y se encontraba verificando otros 34 casos.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas. Estas zonas incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el sur; la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y la región del Bajo Cauca”, indica el informe.

“Colombia ha establecido un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, en especial la de aquellas medidas que surgieron del acuerdo de paz de 2016. Los programas de protección colectiva creados conforme al acuerdo de paz para comunidades en riesgo y organizaciones de derechos no se habían implementado al momento de redacción de este documento”, sostiene HRW.