Los impulsores de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero anunciaron distintas acciones si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presenta una respuesta esta misma semana respecto a la certificación de los estados contables del proceso de recolección de firmas de apoyo, que ya lleva tres avales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por un lado, el abogado y candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia, Hernán Cadavid, le solicitó a la Procuraduría una vigilancia especial al procedimiento de revisión de los estados contables que se está llevando a cabo en el CNE.

El argumento de Cadavid es que no es normal que se estén demorando tanto en presentar el informe y que hay indicios de que funcionarios dentro del órgano electoral estarían obstruyendo el procedimiento para retrasar los tiempos de la revocatoria y que esta no se dé.

“La información que tenemos es que no son normales los tiempos que se han presentado en la verificación de las cuentas, eso no se debe tardar tanto, uno prevé que algo está sucediendo”, indicó el candidato, quien añadió que esta tardanza no se debería a la labor de los magistrados del CNE, sino a funcionarios específicos.

A través de un video, Cadavid afirmó: “Tomamos la decisión, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de presentar las acciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que están obstruyendo el proceso en la ciudad de Medellín. Nuestra ciudad ya alcanzó lo más importante: las firmas, la demostración de la voluntad de revocar a Daniel Quintero. No van a ser unos burócratas desde Bogotá quienes impidan a los paisas definir el futuro de la ciudad”.

“Presentamos ante las autoridades competentes, especialmente Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General, las acciones que corresponden para hacer que se desatranque la obstrucción que hoy se presenta desde el CNE con algunos de sus funcionarios a la voluntad de la ciudad”, concluyó Cadavid.

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Entre tanto, también se habla de un posible plantón en la sede de la Registraduría, en Medellín, si de aquí al viernes próximo no hay una respuesta respecto a los informes contables presentados por el comité revocador y que, según sus integrantes, están al orden y sin irregularidades.

El proceso de la revocatoria está pendiente del informe que el CNE le debe pasar a la Registraduría respecto a los estados contables, para que se dé su certificación. Si se logra, se podrá fijar una posible fecha para las votaciones porque las firmas ya están avaladas. Pero hace casi un mes el proceso está frenado hasta que se resuelvan trámites administrativos que, en opinión de los líderes de la revocatoria, no deberían tardar tanto.

Por su parte, el concejal de Medellín Alfredo Ramos aseguró que ha solicitado formalmente a la Misión de Observación Electoral y al Parlamento Europeo que acompañen de manera inmediata el proceso de revocatoria en Medellín ante lo que calificó como “dilaciones injustificadas y presiones con recursos públicos”.

“Consideramos que una veeduría hecha por estas instituciones con credibilidad y prestigio puede ayudar a que los ciudadanos participen en democracia en la revocatoria del mandato”, afirmó Ramos.

Añadió que el proceso se ha demorado ante “dilaciones injustificadas de magistrados del Consejo Nacional Electoral”. Denunció una supuesta falta de la administración de Quintero por aparentemente participar políticamente del proceso revocatorio y hasta hacer uso de recursos públicos para su defensa.

Ramos no ha sido el único en pedir una vigilancia al proceso. Se conoció que desde el uribismo le pidieron a la Procuraduría que revise qué está pasando en el despacho del magistrado César Augusto Abreo, encargado de la ponencia sobre las cuentas del comité revocatorio. Según algunos de los solicitantes, el magistrado habría engavetado varios procesos revocatorios.

Varios promotores de la revocatoria, entre ellos Andrés Rodríguez, tienen entre ojos a una funcionaria: Zamira Gómez, quien es asesora del Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral. Según el vocero, Zamira Gómez se había comprometido a llevar a la Sala Plena el informe final de cuentas, que supuestamente estaba listo desde hace 20 días, para que fuera aprobado por los magistrados.