Durante audiencia programada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, Santander, un grupo de 10 exmilitares reconocieron públicamente ser los responsables de ejecuciones extrajudiciales a varios civiles para presentarlos como bajas de la guerrilla. 

La diligencia se realizó en un auditorio frente a un grupo de personas que representaron a las víctimas y ante cinco magistrados de la JEP, que escucharon cada una de las confesiones de los militares retirados, quienes explicaron cómo realizaron los asesinatos.

El suboficial retirado del Ejército, Néstor Guillermo Gutiérrez, sostuvo que asesinó a campesinos por la presión de dar resultado ante su superiores.

"Asesinamos personas inocentes, campesinos. No únicamente fue en esa época, eso ya era como una política que se llevaba dentro de las filas, no todos los militares ni toda la institución, porque hay gente buena, pero también, como vimos, gente mala", dijo el exmilitar.

Otro exmilitar reveló que las armas que colocadas en los cuerpos de los civiles, para hacerlos pasar como guerrilleros, eran sacadas de las caletas que ellos encontraban.

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"Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos", sostuvo el militar retirado.

Por su parte, Eduvina Becerra, familiar de una de las víctimas de los falsos positivos, tomó la palabra y expresó que desea que se limpié el nombre de sus familiares. 

“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”, manifestó Eduvina.

La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del macrocaso 03, que investiga estas ejecuciones extrajudiciales, indicó que hubo 22 reuniones previas entre comparecientes y víctimas en Ocaña y Soacha para garantizar que el reconocimiento cumpla con uno de sus objetivos centrales: reparar a las víctimas.