Con malestar recibieron los sectores ambientalistas del país el hundimiento en el Congreso del proyecto que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú al que adhirió Colombia, al considerar que es vital para la protección de los recursos naturales por garantizar en esta materia a los ciudadanos los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia. 

No obstante otros sectores, como los gremios económicos, consideran que este Acuerdo podría ser un palo en la rueda para la realización de proyectos de desarrollo, más en un momento como este en que por la pandemia el país necesita reactivar su economía. Y no faltan los que dicen que la normatividad ambiental de Colombia es lo suficientemente fuerte para proteger los recursos naturales, por lo que no se vería menguada por el hecho de no ratificar Escazú. 

El senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador), uno de los coordinadores ponentes para el primer debate de este proyecto en las comisiones segundas, que finalmente no se dio y por ello se hundió al finalizar la tercera legislatura, indicó a EL NUEVO SIGLO que “ese es un proyecto complejo para el país”, entre otras razones porque “ninguno de los gremios, del Consejo Gremial Nacional ni de la ANDI, ni de ninguna asociación de pequeñas y medianas industrias, emitió un concepto favorable al respecto. 

Y la argumentación era que las empresas privadas después de 15 meses de pandemia, después de bajar sus ingresos, de tener que recortar personal, no resisten ningún tipo de carga adicional”. 

Agregó “lo que pasó con Escazú no es un hundimiento sino que se trata de un archivo, y eso significa que aunque el proyecto de ley no pudo ser votado en esta legislatura que termina, el Gobierno lo puede volver a presentar con mensaje de urgencia el próximo 20 de julio, que es cuando inicia la nueva legislatura y ahí se pueden llevar nuevamente los debates que se necesitan”. 

Subrayó “que los tratados internacionales tienen la prerrogativa de ser ratificados en cualquier momento después de que han sido suscritos”. Mientras que Lina Marcela Muñoz Ávila, investigadora ambiental y académica de la Universidad del Rosario, quien hace parte de la Alianza Foro Nacional Ambiental y de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, dijo a este Diario que "si Colombia no ratifica el Acuerdo de Escazú en la próxima legislatura, definitivamente Colombia tiene mucho que perder”. 

No obstante dijo que “es importante hacer una lectura política de lo que está pasando en el Congreso, no creo que sea cierto afirmar que no hay un entorno político favorable para que el Acuerdo avance. Creo que así como tenemos congresistas que han señalado públicamente que no están a favor del Acuerdo, también tenemos muchos congresistas que han afirmado que lo apoyan". 

Dijo que "si bien es cierto que no se han podido dar las discusiones pertinentes, esto es justamente porque el debate que se da sobre el Acuerdo es necesario. Las audiencias que se han dado son importantes para que las personas puedan plantear sus opiniones, puedan plantear sus preocupaciones, las audiencias hacen parte del debate democrático que Escazú promueve”. 

Sin embargo acotó “creo que ya hemos superado esa etapa de aclarar dudas, y ahora el país está listo para que el Congreso apruebe la ley del Acuerdo de Escazú”. Frente a quienes consideran que Colombia tiene una normatividad suficiente que no hace extrañar a Escazú, la investigadora dijo "si bien es cierto que Colombia tiene una legislación importante, la brecha que existe en nuestro país entre las normas y su implementación es gigantesca, y es justamente ahí donde Escazú viene a contribuir porque el énfasis de Escazú no es crear mecanismos o tener normas, el énfasis de Escazú es su efectiva implementación, y aquí es donde definitivamente va a ayudar al país". 

Según Muñoz, "hablan del mecanismo de la consulta previa, y es importante aclarar que la consulta previa solamente procede para los pueblos indígenas, y de todas maneras no es un derecho al veto. Entonces participar no es retar, participar es que se tengan en cuenta las opiniones de la gente para la toma de las decisiones, y por eso es que es tan importante que a través de Escazú se fortalezcan aquellos espacios y escenarios que existen no solamente para los pueblos indígenas, para las comunidades afro, para los raizales, sino también para todas aquellas personas que no somos parte de un grupo étnico”. 

• Le puede interesar: Lo que pasó y lo que se hundió al cierre de la legislatura

Más voces 

El representante a la Cámara, Juan David Vélez, quien fungió también como coordinador ponente para el primer debate de este proyecto, dijo a este Medio que el hundimiento de la iniciativa “no representa ninguna gravedad al país sino un compromiso mayor para generar una agenda ambiental ambiciosa, proactiva y regional a favor de la sinergia que tiene que existir entre la productividad, la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente”. 

Agregó el Parlamentario “creo que el Acuerdo de Escazú tenía enormes problemas, por eso presentamos ponencia negativa, pero también entendemos que el espíritu del mismo era generoso y positivo. Por eso ante la incertidumbre que se generó sobre la posible ratificación del mismo, creo que es antes hoy una oportunidad para que el Presidente de la República, el Gobierno nacional y las diferentes bancadas del Congreso generen una agenda medioambiental positiva para Colombia”. 

Dijo también que “Colombia ha sido un país garantista en el acceso a la información de los proyectos que se desarrollan en todo el territorio nacional y de la participación ciudadana. Sin duda alguna nuestra legislación es amplia, y seguramente en algunos puntos en particular habrá que reforzar, pero es que la protección del medioambiente es una acción diaria, que no depende de un acuerdo en particular sino de una acción diaria de los ciudadanos y los gobiernos. 

Considero que Colombia tiene que seguir trabajando en la línea de la protección del medioambiente bajo la reglamentación nacional y las garantías de muchos mecanismos ya establecidos en nuestra Constitución”. En tanto que el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) consideró que la no ratificación de Escazú “es una mala noticia primero porque Colombia queda muy mal ante la comunidad internacional porque había jugado un papel de liderazgo en la construcción de ese Acuerdo, desde la conferencia de Río de Janeiro de Desarrollo Sostenible hasta su formulación final y la apertura de la firma de ese Acuerdo por todos los 33 países de América Latina en el año 2018". 

En segundo lugar destacó que “este Acuerdo se pronuncia sobre realidades que tienen una especial importancia en Colombia: somos el segundo país más biodiverso del mundo. Este es un Acuerdo que busca precisamente proteger la biodiversidad, garantizar el derecho a la democracia ambiental, a la información de los ciudadanos y la decisión de los ciudadanos sobre asuntos que afecten el ambiente". 

Sanguino enfatizó "somos un país en donde esa biodiversidad está amenazada, los 17 ecosistemas de páramos amenazados por megaminería, problemas de minería ilegal, deforestación acelerada" y, adicionalmente, “somos el segundo país más peligroso del mundo para defender las causas ambientales. Sólo en el año 2019 fueron asesinados 64 líderes ambientales". 

Finalmente calificó como un mito la afirmación de que el país tiene una legislación ambiental completa y que incluso la consulta previa permite frenar proyectos que puedan afectar los recursos naturales. "Tenemos mucha legislación pero dispersa, contradictoria, con muchos dilemas normativos y jurídicos que deben ser resueltos" y "la consulta previa se ocupa sólo de aquellos proyectos que afectan territorio indígenas”.