EL HUNDIMIENTO de la reforma laboral y de la iniciativa para la legalización del cannabis para uso recreativo en adultos, además del estancamiento de otras propuestas aprobadas en el Congreso como los ajustes a los sistemas pensional y de salud, no fueron los únicos reveses para el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante la primera legislatura que culminó este martes.

La lluvia de demandas que cayeron sobre otros proyectos ya aprobados como la reforma tributaria (a finales del año pasado) y el Plan Nacional de Desarrollo (mayo reciente) tienen también muy preocupado al Ejecutivo, ya que corren el riesgo de ser fuertemente recortadas en la Corte, sobre todo en temas de primer orden en materia económica o de gestión.

Asimismo, hubo duros cuestionamientos al proyecto de reforma de la ley 418, que ofrece al Gobierno los mecanismos para discutir la ‘paz total’ con grupos armados ilegales, lo que ha llevado a partidos como Centro Democrático a interponer acciones judiciales contra la administración Petro ante el Alto Tribunal.

Tributaria en la mira

La Corte Constitucional está resolviendo más de 30 demandas contra la reforma tributaria, que aprobó el Congreso el año pasado por más de $ 80 billones de pesos. Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, nada más el sector de hidrocarburos es responsable de 10 denuncias al texto presentado por el Ejecutivo.

“Hay más de diez demandas por inconstitucionalidad contra la reforma tributaria. Nosotros compartimos los argumentos de algunas de esas demandas. Y a la fecha en dos de esas querellas, la Corte Constitucional ha invitado a los gremios del sector, universidades, expertos y consultores a pronunciarse. Creemos que algunas de las medidas impositivas de esta reforma están fuera del marco de la legalidad”, aseguraron miembros de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) meses atrás.

El sector educativo también hizo serios reparos a esta ley, sobre todo al artículo 95 del documento que obliga a las universidades a asumir créditos de intereses de Icetex que hayan sido solicitados por estudiantes para su formación académica.

Otra demanda es la interpuesta por el abogado Humberto Longas Londoño, quien, durante el proceso, ha argumentado que hubo “violación del artículo 149 de la Constitución en cuanto a reuniones inconstitucionales de miembros del Congreso con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa”.

Esto quiere decir, según Longas Londoño, alegando que hubo negociaciones bajo cuerda entre el presidente Petro y Congresistas para lograr que la propuesta prosperara en los distintos actos legislativos.

La Procuraduría General de la Nación ya ha conceptuado positivamente en, por lo menos, dos de las demandas interpuestas contra la carta tributaria y se está a la espera de que en las próximas semanas se produzcan los primeros fallos, que, de ser adversos para el Gobierno, podrían significarle dejar de recibir importantes sumas por concepto de tributos y tasas que sean declaradas inexequible.

Ley 418

Llevaba apenas un mes de vigencia cuando la ley de “paz total” fue demandada en diciembre de 2022 por el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui.

Como se sabe, el Gobierno ha hecho hincapié en la importancia de este proyecto para buscar mecanismos que conlleven al fin del conflicto armado en el país. Pero Uscátegui argumenta, en medio de su demanda, que el Consejo Superior de Política Criminal no presentó conceptos en torno a la ley, por lo que hubo vicios de procedimientos.

Uno de los principales reparos del congresista en relación a esta ley, es que el Gobierno asume competencias que son de poderes como el Legislativo y Judicial. Además, trasgrede los derechos de las víctimas de las organizaciones criminales con las que quiere pactar la paz en Colombia.

De la misma manera, cursan otras demandas en las que se pide a la Corte declarar inexequibles los artículos relacionados con beneficios penales y penitenciarios a organizaciones criminales que no tienen estatus político o que son acusadas de incurrir en delitos comunes y de lucro propio. Igualmente, se demandó lo relativo a la posibilidad de dejarle a las organizaciones criminales un porcentaje de los bienes de origen ilícitos que entregan al Estado en el marco del proceso de sometimiento a la justicia.

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Plan Nacional de Desarrollo

A finales de mayo, entró en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo con el que el presidente Petro basará sus políticas de Estado durante toda su gestión. Días después, sobraron los cuestionamientos por la forma en la que se tramitó el documento en el Congreso.

La oposición demandó ante la Corte Constitucional la ley recién sancionada por temas como sobretasas al impuesto predial, compra exprés de terrenos y las facultades extraordinarias que otorga al jefe de Estado en torno a las tarifas del Soat.

Parlamentarios como Ciro Ramírez, del Centro Democrático, aseguraron recientemente que las demandas sobre el Plan Nacional de Desarrollo se deben a una supuesta inconstitucionalidad del proyecto, ya que, a su juicio, tenía vicios de forma que fueron advertidos en el Senado durante el trámite.

“En el último debate, a medianoche, advertimos que el texto no fue publicado en la página virtual y los senadores no tuvimos acceso al mismo”, manifestó el congresista.

El segundo en demandar fue el parlamentario opositor y líder del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, al considerar que el Gobierno Petro se ha acostumbrado a ‘pupitrear’ la mayoría de sus proyectos, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, en conversación con EL NUEVO SIGLO, aseguró que las acciones judiciales llevadas a cabo en contra del PND pretenden demostrar que no se cumplió el trámite del proceso de la Ley Quinta, pero también que hubo incumplimientos de los principios de deliberación democrática. Entretanto, cuestionó que el Gobierno no les permitió debatir las proposiciones con el cuidado y la profundidad que amerita el caso.

Sobre la efectividad del plan de desarrollo aprobado en mayo mencionó que “es inconveniente para los colombianos, para el crecimiento económico, para la industria y para el sector productivo porque coarta las libertades, pone en riesgo los recursos públicos, aumenta el riesgo de corrupción y cambia las modalidades de selección de contratación para favorecer a los aliados de Gustavo Petro”.

Asimismo, resaltó que es “incoherente con la transición energética, ya que, en primer lugar, pone impuestos a las energías limpias, entre otras cosas. Adicionalmente, se debería caer, pues, además, pone un artículo de la expropiación, pone en riesgo la propiedad privada y sigue profundizando incertidumbre”.

El código electoral

Uno de los últimos proyectos en ser aprobados al cierre de esta legislatura, el martes pasado, fue el de la reforma al código electoral, un acto legislativo que venía en discusión desde el segundo semestre de 2022.

Sin embargo, aunque la norma debe ir a control previo de la Corte Constitucional, ya se anuncian las primeras demandas.

Para congresistas de distintos partidos, esta reforma no solo fue viciada por errores de trámite en senado y cámara, sino que, además, aspectos como elevar a asunto de Seguridad Nacional la contratación de la Registraduría, aumento de la planta burocrática en la entidad y otros aspectos relacionados con el uso de nuevas tecnologías para el ejercicio del voto y los procesos electorales, van en contravía de los postulados constitucionales y legales.

Estatuto de oposición

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, informó el miércoles su intención de denunciar al presidente del Senado, Alexander López Maya, por negase a la petición de permitir a la oposición fijar el orden del día, el lunes y martes previo a la culminación del primer período legislativo.

La legisladora también informó que se presentaron otros acontecimientos graves por parte del presidente del Senado como levantar la sesión el pasado lunes, cuando se discutía el proyecto de reforma constitucional que buscaba legalizar el uso del cannabis en adultos con fines recreativos, que finalmente se hundió el martes en la Plenaria del Senado.

Para el uribismo y Cambio Radical hubo una violación grave al Estatuto de Oposición y, por lo tanto, la Corte podría determinar que todo lo que se aprobó el último día de sesiones en el Senado fue irregular y podría caerse en su totalidad.