El 81,94% (10.708 de los 13.068 excombatientes acreditados) de los desmovilizados de las Farc confirmaron su participación en el proceso de reincorporación, aseguró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

Así lo consignó Guterres, con base en el Registro Nacional de Reincorporación, completado a principios de 2019 por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en su informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, cubriendo en esta ocasión el período del 27 de marzo al 26 de junio.

Para Guterres, esto “constituye una señal alentadora dos años después de concluido el proceso de dejación de armas”.

Según el informe, el Gobierno declaró que los 2.360 excombatientes de las Farc restantes, que no pudieron ser contactados para la encuesta, no necesariamente habían abandonado el proceso de reincorporación y que un total de 11.018 reciben un subsidio mensual básico. Además, de los exguerrilleros de este registro, se identificó que más de 7.000 viven fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en nuevos asentamientos rurales más pequeños o en áreas urbanas en donde adelantan su proceso de reincorporación.

Así mismo, Guterres destacó que antes que se acabe el tiempo de existencia de los ETCR “el Gobierno está adoptando medidas para una transición gradual a lo largo de un período de 12 meses y solicitará que se apruebe la prórroga del suministro de alimentos y servicios básicos hasta que se establezcan medidas a largo plazo”.

En ese sentido, Guterres exaltó que “el Gobierno y los excombatientes han dado muestras de flexibilidad y buena disposición para tener en cuenta las opiniones de los demás y las de las comunidades locales, que expresaron el temor de que la supresión de los ETCR tuviera consecuencias negativas para su seguridad y sus condiciones sociales y económicas”.

En relación con las garantías de seguridad de los excombatientes, Guterres aseguró que “es profundamente preocupante que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión haya verificado la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Durante el período sobre el que se informa, se produjeron 14 asesinatos de exmiembros de las Farc-EP, entre ellos el segundo asesinato registrado de una mujer excombatiente, Lucero Jaramillo Álvarez, que tuvo lugar el 4 de abril en Putumayo”.

El informe reseñó los casos de Dimar Torres, en Norte de Santander, y de Jorge Enrique Corredor González, conocido como ‘Wilson Saavedra’, en Valle de Cauca.

Sin embargo, Naciones Unidas destacó que las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno buscan articular los esfuerzos institucionales para “reforzar la seguridad de los exmiembros de las Farc-EP” dentro y fuera de los ETCR.

El secretario Guterres reiteró que “la implementación urgente de garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales y las estructuras criminales, que suponen una grave amenaza para las comunidades y la implementación de la paz, son medidas clave para hacer frente a estos problemas”.

Igualmente, destacó el avance presentado por la Unidad Especial de Investigación en más de la mitad de los casos de homicidios registrados y destaca que ninguno se ha presentado en los ETCR, aunque señala que en la mayoría de las comunidades vecinas hay una constante amenaza de violencia y delincuencia.

“Por lo tanto”, anotó Guterres, “es de máxima importancia ampliar el despliegue de la fuerza pública en los nuevos puntos de reagrupamiento y comunidades donde los excombatientes se están reincorporando. En relación con la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos aunque se han puesto en marcha muchas iniciativas y plataformas de consulta sobre políticas de prevención y protección que incluyen, en diversos grados, al Gobierno, las autoridades regionales, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, se siguieron cometiendo atentados atroces contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos”.