La Procuraduría suspendió  por tres meses al gobernador (e) Wilbert Hernández por presuntas irregularidades en un contrato de bilingüismo

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La crisis de gobernabilidad en el departamento de La Guajira parece interminable.

Los guajiros amanecieron ayer con la noticia de que la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al gobernador encargado, Wilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el aprendizaje de inglés en docentes y estudiantes, el cual señalaba que los municipios beneficiados serían 38, pero el departamento solo tiene 15.

Hernández es el séptimo Gobernador que ha tenido el departamento desde 2016.

El órgano de control busca establecer la existencia de posibles faltas en la suscripción, mediante modalidad de contratación directa, de un convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU Telco S.A.S., por un valor de $11.415 millones con recursos de regalías, para “el fortalecimiento de las competencias comunicativas” de esta lengua a 480 docentes y 10.699 estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento.

La Procuraduría ordenó el traslado del proceso a Bogotá, la apertura de investigación y la suspensión, como medida cautelar, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías.

El ente de control señaló que ordenó la práctica de nuevas pruebas, con el fin de verificar si la conducta del Mandatario Encargado constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública. También solicitó información sobre la constitución de la empresa, su planta de personal, así como los equipos, red y otros elementos con los que contaba para ejecutar el convenio. El órgano de control indicó que Hernández podrá solicitar una vez más ser escuchado en versión libre.

En declaraciones con medios radiales, la semana pasada, cuando se conoció el polémico contrato, el Gobernador Encargado adujo a un “error de escritura” que se señalara que estaría dirigido a 38 municipios. “Al contrato, suscrito el 26 de junio, se le realizó un modificatorio el 16 de julio para hacer las correcciones pertinentes, ya que el proyecto va enfocado a los 12 municipios no certificados del departamento, y no a 38, como indicaba inicialmente el contrato”, señaló. “Se evidenció un error de transcripción del documento original aprobado en OCAD, puesto que el mismo está dirigido efectivamente a desarrollarse en 38 sedes urbanas de la Instituciones Educativas Oficiales”, añadió.

Hernández señaló a la W Radio que “el anterior Gobernador tenía adelantado el proyecto para fomentar el bilingüismo en la región”, el cual estaba aprobado por el OCAD, por cual debió darle trámite. Manifestó que, a pesar de los problemas que aquejan la región, “los niños de la zona también necesitan aprender otro idioma, no me pareció justo echar para atrás este proyecto”.

El presidente Iván Duque había designado a finales de mayo a Gutiérrez de una terna enviada por los partidos Social de Unidad Nacional (La U) y Conservador, quienes habían avalado la elección del capturado gobernador Wilmer González.

“Esperamos que el doctor Wilbert Hernández Sierra, nacido en Maicao, adelante una gestión disciplinada, transparente, con cero politiquería y enmarcada en el ‘Compromiso por La Guajira’ firmado en beneficio de todos los habitantes del departamento”, dijo el mandatario Iván Duque a través de su cuenta en Twitter tras su designación.

Para su designación el nuevo Gobernador encargado de La Guajira suscribió un acta en la que se comprometió a garantizar espacios de veeduría ciudadana, incluidos representantes de los sectores productivos y sociales del departamento, presentar declaraciones de renta del último año y durante el mandato, establecer relaciones transparentes con la Asamblea Departamental, combatir la corrupción con todos los instrumentos legales a su disposición, impulsar políticas de transparencia y velar por la garantía de los derechos de los niños.

Oneida Pinto

La crisis de gobernabilidad en el departamento en el presente periodo se inició tras la anulación a mediados de 2016 de la elección de Oneida Pinto, quien ganó los comicios celebrados en octubre de 2015. La sección quinta del Consejo de Estado tomó la decisión al considerar que Pinto estaba inhabilitada en el momento de presentarse a ese cargo. El tribunal consideró que incurrió en una inhabilidad por no renunciar al cargo de alcaldesa de Albania, La Guajira, dentro de los 12 meses exigidos antes de postularse a otro puesto de elección popular.

Actualmente, la exgobernadora se encuentra procesada por irregularidades en un contrato para construir adoquines en el municipio de Albania. Hace dos semanas, el juez 45 de control de garantías ordenó una orden de captura en su contra, tras considerar que debe estar privada de libertad mientras se adelantan las investigaciones debido a la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la afectación de las pruebas que reposan dentro del proceso.

Consideró, además, que Pinto podría evadir el accionar de la justicia, debido a que tiene facilidad para movilizarse por la frontera, lo que le permitiría salir del país sin inconvenientes. Este despacho encontró una constancia que indica que no se encontraba en su vivienda en Bogotá.

A Pinto, quien no se ha hecho presente en la mayoría de las audiencias al aducir falta de garantías, la Fiscalía le imputó, el pasado 18 de junio, los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Wilmer González

En noviembre de 2016 se celebraron elecciones atípicas en las fue elegido gobernador el excongresista Wilmer González Brito, a quien le correspondía terminar el periodo por el que fue elegida Pinto hasta diciembre de este año. Sin embargo, en febrero de 2017, fue capturado.

En noviembre pasado González fue condenado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a 10 años y 15 días de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, corrupción al elector, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Adicionalmente, se emitió una orden de captura contra el funcionario, el pago de una multa por más de $700 millones (999.98 salarios mínimos legales mensuales vigentes) y una sanción para ejercer cargos públicos por 11 años.

En la providencia los magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez y el conjuez Julio Andrés Sampedro Arrubla señalaron que, en su campaña a la Gobernación, González le pagó a concejales del municipio de Maicao para realizar proselitismo a su favor y entregar dádivas a los electores para comprar sus votos. El exmandatario actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Otros gobernadores encargados

En este periodo también fueron encargados de la Gobernación Jorge Enrique Vélez, Weildler Guerra, Tania Buitrago y Wilson Rojas.