Un nuevo obstáculo podría retrasar la revisión del Código Electoral por parte de la Corte Constitucional, luego de que se radicara una recusación en contra de sus nueve magistrados.
Si bien el recurso jurídico no es exclusivo para limitar la acción jurídica de la Corte sobre el Código Electoral, pues afectaría avaras decenas de procesos puestos a su consideración, sí retrasa esa Ley Estatutaria que fija las reglas de juego para os comicios del año entrante, tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales.
De acuerdo con el documento, presentado por cuatro ciudadanos que invocan sus derechos al amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la recusación busca que todos los integrantes de esa alta corporación se declaren impedidos para actuar en varios procesos, dos de los más conocidos con el Código Electoral y llamada ‘ley de borrón y cuenta nueva’.
Uno de los argumentos de la demanda señala que, por ejemplo, el magistrado Alberto Rojas Ríos no puede seguir actuando en esos procesos porque su período constitucional ya terminó, a pesar de que sigue actuando.
“El exmagistrado Alberto Rojas Ríos inició su período en mayo de 2013, pero en la actualidad continúa ejerciendo como togado y participando en las deliberaciones, cuando su período ya finalizó el pasado mes de mayo (2021)”, indica la recusación.
No obstante, ya el Consejo de Estado había resuelto el caso del magistrado Rojas Ríos al dejar en firme que su período va hasta febrero de 2022.
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Pero con la recusación en curso será necesario que la Corte nombre conjueces para pronunciarse de fondo, lo cual tomará algunas semanas. Esto ha sido interpretado por algunos sectores políticos como una traba más para la entrada en vigencia del Código Electoral.
Además, se recuerda que organizaciones como la Misión de Observación Electoral ha pedido a la Corte acelerar el estudio del Código, teniendo en cuenta que, además, ese es el punto de partida para la logística que debe implementar la Registraduría Nacional como organismo rector de los comicios.
La recusación a los nueve magistrados de la Corte Constitucional se conoce apenas unas semanas después de que la corporación rechazara otro recurso jurídico similar en contra de la Procuradora General de la Nación porque, supuestamente, antes de ocupar la titularidad del Ministerio Público, ya había expresado su interés por favorecer esa normatividad.
Con esa decisión, la procuradora Margarita Cabello Blanco quedó habilitada para presentar ante el alto tribunal su concepto jurídico sobre el Código.
Ahora, la Corte tendrá que estudiar la recusación presentada en contra de sus nueve integrantes para entrar de lleno en la fase final de la revisión jurídica del nuevo Código Electoral Colombiano.