La rebaja a los salarios y prebendas laborales de los congresistas es, sin duda, uno de los temas que más ha concentrado la atención de los congresistas en el arranque de esta legislatura. Prueba de ello es que en menos de tres semanas se han radicado, por lo menos, cuatro proyectos de ley y actos legislativos que buscan, por distintas líneas, rebajar los ingresos de los senadores y representantes a la Cámara, así como aumentar su tiempo de trabajo.

Sin embargo, pese a que el recorte de los sueldos fue promesa reiterada de casi todos los candidatos presidenciales, así como de la mayoría de aspirantes al parlamento, la posibilidad de concretar ese objetivo se ha visto enfrentada a tres circunstancias que dificultan aplicarla de forma inmediata.

Ingresos

En primer lugar, está el argumento de que por jurisprudencia constitucional no se puede imponer a los actuales congresistas una rebaja salarial durante este cuatrienio, ya que ello va en contradicción de la sentencia de las altas cortes en torno a la protección del ingreso laboral durante el periodo, duración o vigencia del respectivo contrato. 

No se trata de una razón nueva, ya que en el anterior Congreso todos los proyectos que se tramitaron sobre esta misma materia también advertían que su vigencia solo sería posible a partir del parlamento que se posesionara el 20 de julio de este año. Como se sabe tanto las iniciativas del Centro Democrático, Cambio Radical, y sectores de la entonces oposición de izquierda se terminaron hundiendo en medio de un cruce de acusaciones entre las bancadas.

Sin embargo, varios exmagistrados han señalado que esa interpretación jurisprudencial puede estar equivocada, ya que gran parte de las sentencias sobre protección del ingreso, garantías laborales y estabilidad laboral se han sustentado en los sueldos mínimos más que en los altos.

“… El concepto del mínimo vital y otros relacionados con la estabilidad y protección de la capacidad adquisitiva del trabajador no puede ser entendido como un concepto general y absoluto, sino que tiene unas especificidades progresivas… Es decir, que se debe entender como una protección de carácter progresivo y ponderado, que es absoluta para quienes devengan los salarios más bajos y relativa para los de mayores ingresos… Que véase las sentencias de las altas cortes sobre la reliquidación de las megapensiones y la forma en que allí se determina que los derechos laborales adquiridos no son absolutos, sino que su aplicación entraña una filosofía de progresividad en la que son viables los límites a las pensiones altas en pos de preservar la viabilidad financiera del sistema en cuanto a las más bajas”, dijo a EL  NUEVO SIGLO un exmagistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Componente no salarial

Una segunda circunstancia a la que se han enfrentado los proyectos radicados en las últimas tres semanas sobre el tema salarial de los congresistas, es el relacionado con la posibilidad de recortar, desde ahora, aquellos rubros que no son componentes salariales básicos de los parlamentarios, pero que sí representan una erogación alta en los ingresos mensuales, que tras el último decreto de reajuste firmado por el anterior gobierno quedaron por encima de los $35 millones al mes.

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Bajar gastos

En ese orden de ideas, varios de los proyectos coinciden en que la rebaja salarial solo se aplique a partir del 2026, pero que se debe disminuir desde ya lo relativo a gastos de representación, primas de localización, vivienda y transporte. Para esto no se necesitaría un acto legislativo, sino modificar el artículo 8 de la ley 4 de 1992 en torno a lo que constituye la asignación básica de un parlamentario y los componentes no salariales. Por esa vía se podría disminuir el ingreso mensual de los senadores y representantes en $10 millones en promedio.

Sin embargo, hay algunos parlamentarios que, en privado, advierten que la viabilidad de esta reforma legal podría no ser la mayor, debido a que la propia jurisprudencia laboral ha avanzado en el sentido de restringir la posibilidad de excluir muchos de estos componentes del universo salarial, que tiene una aplicación, ahí sí, general.

En tercer lugar, es evidente que estos proyectos han generado una serie de roces entre los parlamentarios. Por ejemplo, hubo rifirrafe al interior del Pacto Histórico, ya que algunos de los integrantes de la coalición de Gobierno señalaron que plantear el recorte salarial a partir del 2026 era, claramente, un incumplimiento de lo prometido. A ello se sumó que al Centro Democrático le criticaron que ahora proponga una iniciativa que en el pasado Gobierno, pese a tener mayoría parlamentaria durante cuatro años, nunca aprobó.

A ello se suma que la iniciativa del senador de la Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe” Hernández, ha generado mucha controversia, ya que acusó a miembros de la coalición de gobierno de estarle poniendo peros al recorte salarial, recibiendo duras réplicas.

Como se ve, la intención de recortar los salarios de los congresistas continúa siendo muy complicada. Por el momento lo que más tiene viabilidad es desmontar los componentes no salariales, ya que ni siquiera la congelación de sueldos sería viable en el corto plazo. Solo a partir del 2026 habría una disminución efectiva en este campo. Lo que sí parece que progresaría es lo relativo a alargar en uno o dos meses el periodo de trabajo en el segundo tramo de cada legislatura.

Los tres principales proyectos

1. Pacto Histórico: propone un proyecto de acto legislativo que contempla el ajuste del salario de los legisladores, que tendría una reducción entre $10 y $15 millones mensuales, quedando un saldo total de 25 salarios mínimos, incluyendo el salario como tal, los gastos de representación y las primas especiales a partir del año 2026. Entretanto, frente a las vacaciones, el proyecto tiene como objetivo principal disminuir el periodo de receso legislativo con el fin de ampliar el semestre de sesiones que compone cada legislatura. En ese sentido, las fechas tendrían varias alteraciones, pues el primer periodo de sesiones iniciaría el 20 de julio y terminaría el 20 de diciembre. El segundo periodo comenzaría el 1 de febrero y concluiría el 20 de junio.

Apoyo: más de 30 senadores y 40 representantes a la Cámara.

2. Centro Democrático: propone un proyecto de ley que reduzca el salario de los parlamentarios a través de un impuesto del 20 %, lo que equivale a cerca de $7 millones. El acto legislativo contempla la reducción inmediata del salario de los senadores y representantes a la Cámara. También propone que el sueldo de los congresistas no exceda los 23 salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir de 2026 y que su incremento sea exactamente igual, en valor de proporción, al aumento del mínimo.

Apoyo: 13 senadores y 16 representantes. También es respaldado por el partido Cambio Radical.

3. Partido Alianza Verde: a través del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe” Hernández, propone agregar un parágrafo al artículo 8 de la Ley 4 de 1992, en el que actualmente dice que el Gobierno deberá decidir la asignación mensual de los miembros del Congreso. El parágrafo que propone añadir el senador dice que ese valor mensual solo podrá componerse de la asignación básica y gastos de representación. Este será de 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 25 millones de pesos para el año en que entrara a regir la ley, si fuese aprobada tal cual. Asimismo, eliminar los gastos de salud, primas de localización, vivienda y transporte para la rama legislativa.

Apoyo: más de 80 firmas de senadores y representantes.