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Nuevamente, los legisladores intentarán ejercer el papel otorgado por la Constitución para supervisar lo decretado por el Gobierno durante la pandemia
Está previsto que en la tarde de este martes, la plenaria del Senado asuma el examen de conveniencia y oportunidad de la declaratoria del segundo Estado de emergencia por la pandemia, es decir, del Decreto 637 del 6 de mayo.
Como lo consagra el artículo 215 de la Constitución, “el Congreso examinará hasta por un lapso de 30 días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas”.
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“El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo”, precisa la Carta.
Desafortunadamente la referencia que tiene la opinión pública sobre el control político a los decretos es el que se intentó hacer con los de la primera emergencia, que en primer lugar prácticamente quedó asfixiado -por el tiempo- el último día de sesiones ordinarias de la legislatura que terminó el 20 de junio, pero que además se limitó a una larga cadena de intervenciones de los congresistas que, en muchos casos, ni siquiera exponían una posición de partido, sino opiniones personales sobre los más diversos aspectos.
En el mejor de los casos, no es un verdadero control político, sino el previsible pulso entre las bancadas oficialistas y las de oposición.
Reforma
El paso adelante está en los paquetes de proyectos radicados para reformar y volver permanentes algunos de los decretos.
Uno de esos paquetes lo presentó el Polo Democrático, con 12 iniciativas que, según el respectivo comunicado, buscan “garantizar efectivamente las condiciones económicas y de equipamiento de bioseguridad para las y los trabajadores de la salud, los derechos laborales de todas y todos los colombianos, los derechos a la pensión y las garantías de derechos humanos a las personas privadas de la libertad, entre otros proyectos".
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Otro paquete similar de 19 proyectos fue llevado al Congreso por Roy Barreras (La U), Guillermo García (Partido Liberal), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Iván Cepeda (Polo Democrático) y Jorge Londoño (Alianza Verde). Barreras sostuvo que “es necesario que el Congreso actué de manera responsable subsanando graves errores cometidos por el Gobierno en la expedición de una lluvia de decretos que firmó con ligereza e improvisación”.
Agregó que “nuestro objetivo es reformar estos decretos en beneficio de las necesidades de todos colombianos. Por eso urge modificar decretos que destinaban de forma incorrecta recursos que el Estado debía girar a Fondos, a entidades territoriales y directamente a los hospitales públicos. Así como reformar la devolución en un menor término de los recursos que debía girar la Nación al Fonpet y la destinación de los dineros del FOME para el fortalecimiento del sistema de salud y la seguridad alimentaria”.
Ingresos
Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, un punto grueso del debate ha estado en la propuesta avalada por más de medio centenar de congresistas para establecer una renta básica dirigida a nueve millones de colombianos afectados por la crisis económica derivada de la propagación del Covid-19.
El principal impulsor del proyecto, el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, ha explicado que la renta básica “le entregaría a cada hogar $877.000 no $160.000 como lo es Ingreso Solidario. Esta propuesta que nosotros hacemos de renta básica tiene una cobertura de 9 millones de hogares, mientras que el Ingreso Solidario les llega a 2.800.000 hogares, cuando son 9 millones los que están pasando hambre en Colombia”.
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La propuesta incluye una cobertura por tres meses, pero el Gobierno le salió adelante ampliando la del Ingreso Solidario hasta junio como ayuda a los más vulnerables en medio de la pandemia.
“Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por tres meses y lo extendimos hasta diciembre de este año”, dijo el presidente Iván Duque el 20 de julio, agregando que “entendiendo los retos de tantas familias, hoy, ante ustedes, materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021. Con ese programa, con la devolución del IVA, con las Familias en Acción, Jóvenes en Acción, con Colombia Mayor, estamos llegando con ingresos básicos a la universalidad de la población vulnerable en cumplimiento de nuestro objetivo: la equidad y la justicia social”.
En este escenario, realmente falta que los congresistas analicen los decretos de emergencia a la luz de al menos tres puntos: la pertinencia de la estrategia para afrontar la pandemia, la efectividad de los alivios a los sectores sociales más afectados y la política de reactivación de una economía fuertemente golpeada por esta inesperada crisis sanitaria.