De acuerdo con la última Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE, Bogotá tiene el índice más bajo de informalidad laboral, con el 36,2%. De este porcentaje, según el Instituto para la Economía Social (IPES) son aproximadamente unos 54 mil vendedores ambulantes que se encuentran en las 20 localidades de la capital del país.

Algunos se han podido adherir al IPES, es decir, hoy en día hacen parte de los Consejos Locales de Vendedores Informales y pueden estar en las calles sin temor a que las autoridades los multe, o no les permitan trabajar debido a la invasión del espacio público en la ciudad.

Justamente esta ha sido una problemática a través de los años y con varias administraciones, pues no se ha logrado una política pública que permita satisfacer las necesidades de la totalidad de los vendedores informales que tiene la ciudad. Sin embargo, cabe resaltar que el IPES ha logrado organizar a muchos de ellos en diferentes zonas de la capital.

Este es el caso de Bernardo Díaz, de 61 años, quien trabaja como vendedor ambulante hace 18, luego de que fue desplazado por la violencia y tuvo que dejar el campo. “Desde que inicié, trabajo en la Plaza de Bolívar en La Candelaria. Creo que el horizonte de los vendedores ambulantes desde hace dos años ha sido tranquilo y se ha podido vender en paz, no como antes, que nos quitaban las cosas y había persecución de la Policía”, afirmó.

“Ahora gracias a Dios se ha podido trabajar mucho más calmado, porque antes podían quitarnos la mercancía o, en mi caso, el carro donde vendo helados. Hoy en día no hay inconvenientes, desde que no haya una orden directa de la Alcaldesa Mayor no habrá persecución”, agregó.

Entre tanto, don Bernardo le contó a EL NUEVO SIGLO que actualmente, como soporte legal, está vinculado al IPES. “Hoy en día trabajamos tranquilos y podemos tener nuestro espacio sin temor de que nos saquen y no podamos laborar”.

“Sin embargo, hay algunos vendedores egoístas que no dejan que otros trabajen y hagan sus funciones y se creen los dueños de la calle, y considero que eso no debería ser así”, agregó.

Don Bernardo se refiere a algunos vendedores ambulantes que no permiten que haya otros que, como ellos, lleguen al espacio público y quieran vender sus productos. Estos otros comerciantes informales por lo general no están adscritos al IPES. “Todos tienen derecho al trabajo y a hacerlo sin miedo”, afirmó.

Por su parte Marta Hernández, de 52 años, quien también trabaja como vendedora ambulante desde hace 30, le contó a este Medio que ahora pertenece al programa del IPES que les permitió reubicarlos. “Nos reunimos con el IPES y nos ayudaron a organizamos y nos dieron el espacio para poder trabajar. Ellos se encargan de visitarnos continuamente y revisar que la mercancía esté en buen estado y no esté vencida, y si estamos trabajando o no”.

Además, asegura que ahora la Policía no los puede “molestar” ya que se encuentran reubicados. “El espacio es público, pero ahí nos reubicaron y es allí en donde trabajo y he podido sacar a mi familia adelante”, sostuvo.

Al contrario de don Bernardo, la señora Marta considera que el hecho de que lleguen varios vendedores ambulantes sin que tengan ningún tipo de regulación a la Plaza de Bolívar, en donde trabaja, hace que se afecten sus ventas.

Por otra parte, EL NUEVO SIGLO también dialogó con Wilson Ortiz, un antioqueño que llegó hace 20 años a la capital del país y hace 13 tiene un supermercado en la localidad de Usme. “Yo no estoy en desacuerdo con los vendedores ambulantes, siempre y cuando no se hagan en frente de mi negocio a vender productos que yo también vendo. Lo que hago cuando eso sucede es pedirles que se vayan a otro lugar de la cuadra y si no funciona me veo obligado a llamar a la Policía, ya que esto afecta mi negocio y las ventas”.

“Además yo pago arriendo. Soy consciente de que todos tienen derecho a trabajar, pero no me puedo ver afectado”, sostuvo.

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Intervención del Distrito

El problema, aunque parece simple, conlleva a pensar en soluciones que permitan el disfrute de los espacios públicos de la ciudad pero, de otro lado, los actores involucrados consideran que se necesita una política pública que genere tranquilidad a todos los vendedores ambulantes, pues lo que más reclaman es el derecho al trabajo. Sin duda tras la pandemia, transitoriamente o de manera permanente, aumentó el número de vendedores informales en las calles de Bogotá.

Debido a la problemática, la Administración distrital ha hecho labores en algunos puntos álgidos, en donde se encuentra un gran número de informales, como por ejemplo en la Carrera Séptima.

Por esta razón y en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá, las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria, el IPES y vendedores informales de la Carrera Séptima llevaron a cabo el pasado marzo una mesa de trabajo para fijar los ocho pactos de reorganización de este sendero peatonal. En la Carrera Séptima hay actualmente 560 vendedores informales.  

Esta estrategia llamada “pactos” y que viene gerenciando el Instituto para la Economía Social, busca acordar y fijar parámetros para la organización de las actividades de aprovechamiento económico, proporcionalidad y razonabilidad exigidos en las políticas públicas para la recuperación del espacio público, con la asignación de lugares fijos para vendedoras y vendedores informales, con un área de 1,50 m x 1,50 m para el desarrollo de su actividad comercial minorista. 

Entre tanto, de acuerdo con cifras entregadas a este Periódico por el director del Instituto para la Economía Social (IPES), Alejandro Rivera, hace algunas semanas, actualmente hay 54.773 vendedores registrados, de los cuales en los procesos de alternativas comerciales existen alrededor de cuatro mil beneficiarios (es decir, que están haciendo uso de la oferta de servicios y proyectos de la entidad), “a los que les estamos garantizando el derecho al trabajo a través de unos pactos con los que estamos regulando el uso compartido del espacio público”, aseguró.

“Además están en el Registro Individual de Vendedor Informal (RIVI). Esta herramienta de caracterización nos ha permitido ofertar nuestras alternativas para la formalización de los vendedores que están en el espacio público, y a nivel local nos ha permitido ofertar los presupuestos que se tienen desde las alcaldías locales para formalización y sostenibilidad del espacio público”, agregó.

Sin duda los retos que tiene la actual Administración y los que vienen son seguir trabajando en temas de espacio público, así como en generación de empleo. Los vendedores ambulantes, por su parte, tienen el desafío de enfrentarse cada día a las calles capitalinas para 'rebuscarse' la plata y salir adelante.