El proceso que se sigue contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, fue trasladado oficialmente este jueves al despacho del señor Fiscal General Francisco Barbosa Delgado por disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, el ente judicial informó que debido a la complejidad del asunto, su impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso que se adelanta contra el exmandatario se asignó el caso al fiscal de carrera Gabriel Ramón Jaimes, quien actualmente ostenta el cargo de Fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Según la Fiscalía, Jaimes cuenta con la experiencia y reconocimiento institucional en el adelantamiento de casos de gran connotación y quien desde hoy asumirá el conocimiento de la investigación con independencia y autonomía.
- Lea también: El accidentado aterrizaje del caso Uribe en Fiscalía
Este caso pasó a la justicia ordinaria debido a que Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado de la República para dejar de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia por incurrir presuntamente en los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
El abogado Jaime Granados Peña, apoderado del exsenador reiteró en días anteriores que la defensa trabaja en la definición de la estrategia que se utilizará para esta nueva parte del proceso en la Fiscalía General.
Tal como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, Granados dijo que el primer paso será pedir “la libertad inmediata” de su cliente. Esta petición será radicada ante un juez de control de garantías.
Sin embargo, el jurista también admitió que, primero, el Fiscal General o a quien él designe en virtud de sus competencias legales y constitucionales, debe primero determinar si este caso se seguirá llevando con base en la Ley 600/2000, antiguo Código de Procedimiento Penal, o bajo la Ley 904/2006 que creó el actual Sistema Penal Acusatorio que, en su opinión, es el que debe aplicarse en adelante.
- Cubrimiento el caso: Defensa de Uribe acudiría a instancias internacionales
“Como aún no hay una autoridad, o sea un fiscal asignado, que haya hecho la imputación en virtud de la Ley 906 debe necesariamente ponerse las cosas al estado anterior a la imputación, y como nadie puede estar privado de la libertad antes de la imputación pues corresponde determinar su libertad inmediata a fin de que la Fiscalía evalúa toda la información y tome la decisión que corresponda: imputar, seguir investigando o solicitar la preclusión”, explicó Granados.