Derogar el decreto que restringe la exportación de desechos metálicos le pidieron al Gobierno los empresarios del sector.
“En aras de no destruir el empleo formal del sector y evitar una catástrofe socioeconómica a una población en condiciones de alta vulnerabilidad que ha sido duramente golpeada por la pandemia del covid-19, solicitamos respetuosamente, la derogatoria del decreto y avanzar en el establecimiento de un régimen tributario especial que reconozca las condiciones de trabajo de la base de la cadena”, les planteó al presidente Iván Duque y al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, el empresario Luis Said Romero, vocero de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje de Colombia (Anirec), adscrita a la Asociación Nacional de la Industria Exportadora del Reciclaje (Aniexpor).
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En la carta que Romero les envió a Duque y a Restrepo, los empresarios proponen “la apertura de una mesa de trabajo de carácter urgente liderada por su Gobierno representado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en donde participen también las siderúrgicas para ampliar nuestros argumentos y encontrar soluciones a los problemas planteados”.
La misiva relata cómo “el Gobierno nacional expidió el 12 de agosto del año en curso el Decreto1120, por el cual se adoptan medidas sobre las exportaciones nacionales de desechos metálicos ferrosos (chatarra de hierro) y no ferrosos (chatarra de cobre, aluminio, plomo, etc.)".
Y añade: "En ese decreto se establecen unos contingentes de exportación a los desechos metálicos y se plantea, en la circular complementaria 017 del 26 de agosto, emitida por la Dirección de Comercio Exterior, un mecanismo inequitativo de prorrateo para la asignación de cupos. Estas disposiciones se suman a la ya conocida crisis que enfrenta nuestro sector por la ausencia de un régimen tributario especial que responda a la realidad de los recicladores de base”.
Los empresarios consideraron “estas disposiciones violatorias del derecho al trabajo, la libre competencia, la equidad y sustentándose en equivocadas motivaciones”, precisando que “son violatorias del derecho al trabajo, toda vez que afecta el sustento del mínimo vital de 100.000 personas en condición de altísima vulnerabilidad pertenecientes a la cadena del reciclaje”, así como implica “la afectación de 7.000 establecimientos de comercio, la afectación de 14.000 empleos directos y el deterioro de las actividades de los sectores de servidos de transporte, logística portuaria, mantenimiento, navieras, entre otros”.
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Además, las medidas son “violatorias de la libre competencia y del derecho a la equidad, dado que al tener en cuenta el periodo 2016-2017-2018 como referencia para prorratear los cupos a asignar, obliga arbitrariamente a la mayoría de los agentes del sector exportador a reducir su capacidad empresarial en más de 75%, asignando a otros agentes del mercado cupos cuatro veces superiores a su condición actual, desconociendo que la participación actual de los distintos agentes del mercado es abismalmente diferente al periodo utilizado corno referencia”.
“Coincidimos con las necesidades en materia de abastecimiento de chatarra ferrosa para el desarrollo del país, pero debe existir claridad en que la exportación de esta en el periodo 2016-2018 solo fue del 3,8% de la generación nacional, mientras que el 96,2% fue captado para el consumo nacional, por esta razón es imposible pensar en un impacto en el desabastecimiento a causa de las exportaciones”, plantearon los empresarios del sector.
Agregando que, “por otro lado, la chatarra no ferrosa (desechos metálicos a base de cobre, aluminio, acero inoxidable) no es requerida por el sector siderúrgico local y su exportación en nada contribuye al desabastecimiento de la chatarra ferrosa; sin embargo, se incluye inexplicablemente en este decreto”.
“El sector del reciclaje, injustamente estigmatizado y maltratado durante décadas, ha padecido la falta de reconocimiento a la labor fundamental que cumple dentro de la sociedad, como es la recuperación de la basura. Hoy paradójicamente cuando todos hablan de políticas medioambientales, nuestro sector se ve cada vez más amenazado por decisiones gubernamentales, que ignoran los múltiples problemas que hemos venido padeciendo y que se ahondan con la expedición del decreto 1120”, anotaron.