El río Atrato es el más caudaloso de Colombia y uno de los más navegables. En su cauce recorre gran parte del departamento del Chocó, reconocido por la biodiversidad asociada al ecosistema de selva húmeda tropical y por la diversidad cultural representada por comunidades indígenas afrocolombianas y mestizas. En 2016 la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-622, declaró este río como sujeto de derechos.
A raíz de una investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), en la que se analizó el escenario que dio origen a la histórica sentencia que declaró el río Atrato como sujeto de derechos, nació el documental "¿Quién gobierna el río Atrato?", el cual fue premiado en la categoría Mejor Documental/mejor película de naturaleza, ambiente y vida silvestre del Festival Internacional de Cine River Atreyee de la India. También obtuvo una mención honorífica en la categoría Mejor Película Documental del Festival Internacional de Cine.
Dirigida por el documentalista Carlos Gómez y producida por el investigador del Icanh Carlos Andrés Meza y Cineminga Internacional, la producción busca reflexionar sobre el cumplimiento de la sentencia y la vulnerabilidad del cauce.
ELNUEVO SIGLO habló con Carlos Gómez para conocer más detalles sobre la producción del documental realizado en las entrañas del Chocó, siendo una zona de difícil acceso y un poco peligrosa por el tema de la minería ilegal que allí se gesta.
“Este documental es el primer capítulo de una serie que se empezó a trabajar con el Icanh, llamada 'Notas del campo'; la idea de este proyecto, que empezó en el 2017, fue ir más allá de las investigaciones que hacen los antropólogos del Instituto, que no se queden en artículos académicos, sino que puedan llegar a un público más amplio y, por otro lado, como documentalista que he trabajado con muchas comunidades, me interesaba trabajar con los antropólogos porque ellos son como un puente entre las colectividades y lo institucional”, relató Gómez.
La idea del documental surgió por una invitación del investigador Carlos Andrés Meza como experto del Instituto en el marco de la sentencia T-622.
“Entonces por ahí fue que empezamos a estudiar cómo era que se estaba implementando esa sentencia, qué significaba para la gente que vive adyacente al río. Pudimos grabar en el Chocó y en las adyacencias de la minería ilegal de oro que dio origen al veredicto, por la contaminación que causa. Fuimos en el 2018 y en el 2019 a hacer las tomas audiovisuales. La producción fue un poco difícil porque se trataba de abordar la minería ilegal y eso tiene que ver con el paramilitarismo y grabarlo en esas zonas fue un poco difícil. Claro, nos apoyamos muchísimo en las instituciones locales”, resaltó Gómez.
Lo que muestra
En 55 minutos el documental muestra cada paso de cómo las comunidades se organizaron para interponer una tutela de protección del río, que estaba contaminado por la minería ilegal. Refleja el estado en el que se encuentra el afluente y los actores que allí convergen, así como su problemática.
Tanta fue la esencia de esta producción que fue seleccionado para presentarse en la muestra internacional de documentales de Bogotá que se realizará a mediados de este mes.
Asimismo, se está buscando la manera de que esta producción pueda ser transmitida por Señal Colombia o en algún canal público. Muy pronto estará en la plataforma que se llama Retina Latina.
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Personalidad jurídica
Por su parte, el investigador Carlos Andrés Meza le dijo a EL NUEVO SIGLO que desde el 2016 este río fue declarado sujeto de derecho a raíz de acciones populares por la problemática de la contaminación.
“El documental se pregunta qué tipo de acciones se hacen a raíz de esta sentencia, hasta qué punto está la personalidad jurídica del río y además se discute un poco el concepto de gobernabilidad, en donde la toma de decisiones es un entramado. El proceso ya lleva casi siete años y vemos que está rezagado. En otros aspectos, lo que se haya presentado como un cumplimiento a las intervenciones, sobre todo en la criminalización a la minería, hay muy poco sobre el tema de una acción descontaminante de los afluentes o para la mejora de la calidad del agua, del saneamiento básico, de los centros urbanos que están alrededor de la cuenca, ver que hay que triplicar la intervención del Estado”, señaló Carlos Andrés Meza.
En este sentido, el documental plantea una reflexión mucho más amplia y expone la debilidad de la sentencia y sus diferentes voces: de los juristas que intervinieron en el dictamen, de las entidades, de las organizaciones y de los líderes que participaron en el reclamo.
Crónica del Atrato
Esta declaratoria surgió de una tutela interpuesta por organizaciones sociales y étnicas del Chocó que denunciaron el deterioro del río y la vulneración de los derechos humanos fundamentales de las comunidades debido a la extracción ilegal de oro, la explotación forestal indiscriminada y la insuficiencia de un sistema de saneamiento básico.
La Corte Constitucional reconoció la interdependencia de las comunidades y el territorio, y la omisión o acción indebida de entidades del Estado en el cumplimiento de sus funciones para atender los múltiples problemas de la región. Por ello, ordenó la protección de los derechos bioculturales del río y las poblaciones humanas presentes y futuras.
En el 2018, el grupo de Antropología Social del Icanh inició una investigación audiovisual que tuvo como fin analizar los orígenes, los protagonistas y los efectos de esta sentencia histórica. El documental se realizó en distintos escenarios y con diversos actores que revelan la compleja problemática que rodea al Atrato y otros ríos como el Whanganui en Nueva Zelanda y el Ganges en la India, que también han sido declarados sujetos de derechos.
El documental fue presentado oficialmente al público la semana pasada en el auditorio Porfirio Barba Jacob del Centro Cultural Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica.