Las medidas económicas que deben atender los nuevos mandatarios

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Siete puntos clave para el desarrollo territorial que se hacen urgentes de atender por los alcaldes y gobernadores en los próximos cuatros años. Algunos ya son leyes y otros están cursando en el Congreso de la República para su aprobación

 

1.- Reforma tributaria territorial

Está lista la comisión de finanzas regionales creada en la Ley de Financiamiento y que se encargará de revisar durante un año las reformas a los impuestos de industria y comercio (ICA) y el predial en los departamentos.

Sin duda se comenzó a ‘cocinar’ una reforma tributaria, esta vez enfocada en los impuestos territoriales que se pagan en municipios y departamentos.

La tarea, que no es sencilla y durará 12 meses, estará a cargo de un grupo de expertos, quienes conforman la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, la cual fue creada por el Ministerio de Hacienda.

La misma comisión será la encargada de analizar tributos como el de industria y comercio, avisos y tableros, predial, sobretasa a la gasolina, delineación urbana, espectáculos públicos, vehículos y estampillas. Luego del tiempo de estructurar la reforma el grupo de analistas deberá entregarle sus propuestas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Por su parte Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, indicó que la tarifa del impuesto a los cigarrillos debería dejarse inalterada, pero “sí deberían meter allí a los electrónicos y vapeadores”. Además, coincidió con Gómez en la revisión del ICA, pues “es un mal impuesto y tiene altos índices de evasión, ya que pesa más que la renta, pero solo recauda una parte de esta”.

También propone eliminar algunos tributos, “como las más de 100 estampillas que hay en el país y, en su lugar, fortalecer el impuesto a vehículos, por ejemplo aumentando su tarifa, de tal modo que se fomente el transporte público y se cuide el medioambiente. El debate de la contaminación y el tráfico debería cambiar la tributación de vehicular”.

De otro lado el reto de la comisión es definir cómo gravar elementos como el etanol y el biodiesel que son elementos que se le mezclan al combustible. Arrancamos mezclando un 8% ya va 12% de la mezcla.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, opinó que la actualización no debería ser solamente a la sobretasa de la gasolina, sino que debería contemplar otros elementos a actualizar como el valor de los peajes y tener en cuenta el estado de las carreteras para no afectar a agricultores y transportadores.

2.- Sistema General de Participaciones

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) por el cual el Gobierno central distribuye a las regiones más de $40 billones para la financiación de servicios como salud, educación y agua potable, sigue en veremos mientras que esperan las recomendaciones de una comisión que designó el Ejecutivo sobre el particular.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) se declaró a la expectativa, mientras que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ya habla sobre supuestos incumplimientos.

En octubre de 2018, en medio de las afirmaciones de preocupación del gobierno Duque porque aseguró que la anterior Administración le había dejado un déficit de $14 billones, decidió retirar el proyecto de reforma al SGP que había radicado Cárdenas.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 presentado al Congreso, indica que esta reforma es necesaria porque con más del 94% de los recursos del SGP Educación se pagará la nómina.

El SGP es un mecanismo establecido en el Artículo 356 de la Constitución para garantizar a departamentos y municipios los recursos para atender los servicios a cargo producto de la descentralización administrativa que ha vivido el país.

Con los dineros que reciben departamentos, distritos y municipios financian los servicios a su cargo, dándoles prioridad a salud, educación (preescolar, primaria, secundaria y media) y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

ENS

3.- El sistema General de Regalías

A la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) solo le quedan dos debates en el Senado de la República para pasar a sanción presidencial y convertirse en ley del Estado.

El articulado avalado en la citada corporación, indica que el 20% de los recursos provenientes de regalías mineras y petroleras será destinado para los municipios y departamentos donde se desarrollen operaciones en exploración, producción y transporte.

Así mismo, se aprobó una adición del 5% en la contribución para aquellos municipios en donde se desarrollen tareas mineras y petroleras.

En el mismo documento también quedó establecido que el 15% de los dineros se destinará para los municipios y distritos priorizados, el 34% para proyectos de inversión regional en zonas con necesidades básicas no satisfechas y el 2% para todo lo relacionado con licenciamiento ambiental para proyectos para proyectos mineros y petroleros.

Además, llama la atención sobre el texto aprobado, la inclusión del 1% de los recursos que se deben invertir en la conservación de las llamadas “áreas ambientales estratégicas”.

De igual manera, otro 1% será destinado a la operatividad del sistema de seguimiento y evaluación del control del uso eficiente y eficaz de recursos, del cual 0,5% irá a las arcas de la Contraloría General.

La reforma también deja señalado que si se llega a presentar un ingreso mayor en el monto de las regalías, el 25% se destinará a los territorios productores (mineros y petroleros), el 15% irá a los municipios “priorizados”, el 20% se destinará a las áreas ambientales estratégicas, y el restante iría a los municipios.

Cabe recordar que la aprobación de la reforma al SGR debe estar lista antes del próximo 16 de diciembre, día en el que finaliza la legislatura ordinaria.

4.- La Ley de Regiones

La Ley de Regiones que fue sancionada este año por el Gobierno tiene como objetivo impulsar la descentralización y la autonomía regional.

Según el senador Efraín Cepeda, la votación de este proyecto de ley constituye una deuda que se ha tenido con las regiones y que fue radicada junto a los 32 gobernadores en su momento con el único objetivo del desarrollo regional.

La ley viabiliza las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) que buscan organizar y ejecutar proyectos de interés entre varios departamentos para mejorar el desarrollo de cada región, con esta figura, varias gobernaciones pueden asociarse y así hacer realidad los proyectos.

Según Carlos Camargo Assis, director ejecutivo de la FND, “este proyecto busca potenciar las fortalezas que tienen las regiones, los departamentos en particular, para impulsar y apalancar los proyectos interregionales de gran impacto para que en los presupuestos nacionales y territoriales se prioricen”.

Bajo la ley, las RAP también podrían convertirse a Región Entidad Territorial (RET), lo cual permite que las regiones tengan autonomía y facultades administrativas para tomar decisiones que se financiarán con recursos propios de las entidades territoriales que las conformen y con aportes que el Gobierno nacional entregue.

5.- Salario mínimo por regiones

Durante varios años ha surgido la propuesta de establecer un salario mínimo por regiones o por sectores, que se establecen en la productividad y competitividad, como existe en otros países. Roberto Steiner, nuevo codirector del Banco de la República, al igual que el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, puso sobre la mesa el tema del salario diferencial. Para él, se debería abrir nuevamente el debate respecto a evaluar la posibilidad de salarios mínimos diferenciales, lo que permitiría que las personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo coticen a pensión.

Steiner ya había hablado sobre este mismo tema en abril del año en curso, pero como integrante de Fedesarrollo. “Hay un desacople entre el salario mínimo y la productividad del trabajador colombiano. Hay sectores que fácilmente pueden acomodar salarios altos. Sin embargo, hay sectores de baja productividad, que no pueden acomodar ese mismo nivel de salarios y, por eso, nosotros apoyamos cualquier propuesta que vaya encaminada a salarios mínimos diferenciales”, dijo en su intervención.

El debate sobre el salario mínimo por regiones se ha planteado, desafortunadamente, desde la perspectiva de reducción del salario mínimo en Colombia, que se descarta por constituirse, desde aquella visión, como una fórmula inconstitucional de reducción de la remuneración de los trabajadores.

6.- Sisbén y ayuda a más vulnerables

El remezón que pretende hacer el Gobierno nacional sobre los subsidios que se entregan en el país arrancaría el próximo año y tendría al Sisbén IV como piedra angular.
Este mecanismo, que se instalaría en 2020, consiste en una nueva y más agresiva depuración de las bases de datos de ayudas estatales que realiza Colombia cada año, y a la cual muchos no necesitarían pertenecer. De hecho, según las bases del PND, se plantea que el Sisbén IV “sea la base para el ajuste en la focalización de programas sociales y una fuente de información para los programas que requieren rediseño”.
La primera tarea es del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ya está adelantando esta medida. La nueva metodología entraría en vigor el otro año, con lo cual miles o incluso millones de personas saldrían de la lista de beneficiarios.
Como ya lo han dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, si bien allí hay mucho ‘colados’, también engrosan los listados personas que antes necesitaban los subsidios, pero ahora mejoraron sus condiciones de vida y ya no los necesitarían.

Una vez logrado este cambio, la nueva focalización de personas vulnerables y que podrán aplicar a ayudas estatales generará un efecto dominó en los distintos programas que incluyen transferencias de dinero, tales como Familias en Acción, Red Unidos, Jóvenes en Acción, entre otros.

En últimas, la implementación de estas medidas van direccionadas a dos metas puntuales: llegar a las personas que necesitan realmente los recursos y reducir el elevado gasto público en ciudadanos que no lo necesitan.

7.- Recursos para la paz y los OCAD

Los recursos para la implementación de la paz están garantizados en el Presupuesto General de la Nación para 2020, año en el que ascenderán a $9,8 billones, lo que es consistente con el PND, en el que se destinan $37,1 billones para el cuatrienio, como lo indica el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz.​

En el presupuesto para 2020 está incluido el anexo de gasto para la construcción de paz con el detalle de recursos de funcionamiento y de inversión, que materializan la implementación de los seis puntos del acuerdo final durante el próximo año.

Con el presupuesto para el próximo año, los mandatarios regionales deberán avanzar en las metas de largo plazo para la construcción de paz y la estabilización, especialmente en los territorios y poblaciones más afectados por la violencia.

Con lo anterior se cumple el artículo 220 del Plan Nacional de Desarrollo que permite que para cada vigencia fiscal las entidades del orden nacional, de acuerdo con sus competencias, identifiquen mediante el trazador presupuestal “construcción de paz”, las partidas presupuestales para dar cumplimiento al Acuerdo Final.

Este ejercicio de focalización, que se realiza por primera vez, da fe del compromiso del gobierno y seguirá presentándose cada año al Congreso de la República, donde se dará el debate respectivo.

Los recursos para la paz, de acuerdo con el proyecto puesto a consideración del Congreso de la República, se distribuyen de la siguiente manera:

- Reforma Rural Integral $7,3 billones

- Solución al problema de las drogas $1,34 billones

- Víctimas del conflicto $645.000 millones, que contienen los $525.000 millones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (incluida la JEP).

- Fin del conflicto $371.900 millones

- Implementación, verificación y refrendación $53.800 millones

- Participación Política $14.500 millones

A los $9,8 billones se suman recursos por $1,7 billones del OCAD Paz, que están destinados a financiar exclusivamente proyectos que benefician a los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Sobre los proyectos de política social, las acciones del Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo Final se realizan mediante proyectos asociados a temas misionales de cada uno de los sectores, en cumplimiento del Plan Marco de Implementación. El éxito de estas intervenciones públicas en los territorios requerirá de los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno.