Tanto en el sector privado como en el ambiente político se especula con varios cambios en el proyecto que debe radicar el Gobierno para ser debatido nuevamente en el Congreso

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Aunque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho varias veces que el proyecto de Ley de Financiamiento que se presentará al Congreso será el mismo que se cayó ante la Corte Constitucional y “que no se modificará ni una coma”, en el sector privado y entre analistas se teme que a la iniciativa se le cuelguen ‘articulitos’ a su paso nuevamente por el Legislativo.

El presidente del Consejo Gremial y de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Julián Bedoya, ha declarado en varias ocasiones que le pidió al Gobierno nacional presentar ante el Congreso de la República el texto que ya había sido aprobado por las plenarias, sin ningún tipo de cambio.

“Hay que ver qué texto presenta el Gobierno. Confiamos que sea el mismo que se aprobó en el Congreso el año pasado, pues obviamente para el mercado existirá esta sensación de cambio de las reglas del juego si hay algunos ajustes. Pero aquí hay que esperar para saber cuál es el paquete que llevará el Ministerio”, señaló el líder gremial.

Además señaló que “pensar en que el Gobierno va a presentar algo distinto, con todo el debate que generó la ley, de una u otra manera podría abrir una puerta impresionante para que le cuelguen como 'arbolito de Navidad' muchos farolillos a la Ley de Financiamiento”.

Tiempo justo

Para el Presidente de la SAC se cuenta con el tiempo justo para aprobar este proyecto de Ley, pero depende también de la posición que adopten ante esta situación los diferentes partidos políticos.

En mentideros económicos se supo que el proyecto, que “en su mayoría” será el mismo que ya pasó por el Legislativo, “tendrá algunos ajustes”, por ejemplo que ya no habría amnistía para rebajar las sanciones de quienes omitieron bienes ante la DIAN.

Otro de los gremios, Cotelco, que representa a los hoteleros, le pidió al Congreso que debe “aprobar el nuevo proyecto en bloque para así poder cumplir con el plazo de la Corte, para que comience a regir desde el 1 de enero de 2020.

Cabe mencionar que las empresas hoteleras se benefician de la ley ya que se les extendieron por 20 años los beneficios tributarios para construir más inmuebles.

Además no se debe olvidar que en el camino todavía están pendientes 21 demandas contra la reforma tributaria que debe decidir la Corte Constitucional.

Los bancos

Es el caso del artículo que crea una sobretasa a los bancos, equivalente al 4% más en el impuesto de renta por el año gravable 2019, y de 3% en los dos años siguientes.

Fue demandada por Asobancaria y, según confirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, la medida continuará en el nuevo proyecto.

La salvedad es que si el año entrante sigue la ley igual, el sector bancario pagará la sobretasa, que ya fue causada en el año gravable 2019; pero si la demanda es resuelta este año, y eventualmente lograra obtener un fallo favorable, aunque pase igual la ley no la tendrían que pagar.

De otra parte, los recursos que la ley debía recaudar en 2019 están prácticamente listos.

También se especula que se podrían modificar algunas medidas que no han dado el resultado esperado, como el impuesto al consumo del 2% a la compra y venta de viviendas que tengan un precio superior a los $918 millones, por la que se esperaba un ingreso de $1.7 billones y no ha dado más de $60.000 millones.

La renta

A la vez se alistan argumentos que reclamarán en torno a la medida de reducir gradualmente las tarifas del impuesto de renta a las empresas, desde el 33% hasta llevarlas al 30% en 2022, para que generaran un mayor empleo.
De otro lado se ha especulado que se propondrá una nueva normalización tributaria, pues aseguran que la aprobada fue ejecutada a medias, a causa del miedo de la gente. Además, se buscará aclarar el impuesto al consumo a las viviendas, de $918 millones en adelante. También, al parecer se revisará el impuesto de renta, pues aseguran los congresistas que los 10 puntos de rebaja no surtieron los efectos que se querían y se espera que se rebaje la renta presuntiva. Además en materia de IVA, también buscarán cambios para no grabar nada de la canasta familiar.

De otro lado, los partidos de oposición y los independientes piensan que las excepciones tributarias a las grandes empresas no surtieron los efectos esperados, pues el desempleo está en más del 10%. Aquí aseguran que también habrá cambios.

El presidente de Fedelonjas, Daniel Vásquez Franco, dijo que “nuestro mensaje es de total apoyo al Gobierno nacional y a nuestras instituciones para que conformen los lineamientos definidos por la Corte Constitucional en su decisión para que se logre el objetivo de consolidar un marco jurídico tributario antes del 31 de diciembre que ratifique la confianza tanto nacional como internacional en una economía colombiana que en 2019 ha presentando un sostenido crecimiento, incluso superior a los de nuestros pares latinoamericanos”.

¿Cambio de normas?

De otra parte, la ANDI ha dicho que “hace un llamado al Congreso de la República, al Gobierno, y a los diferentes estamentos para que se puedan tomar decisiones urgentes, de manera que permitan reemplazar las decisiones que habían sido tomadas durante el trámite llevado a cabo al final de 2018”.

Según Bruce Mac Master, “para efecto de los empresarios, de los inversionistas, de los generadores de empleo del país, los emprendedores, de las personas que habían decidido acogerse al régimen simple y que se están formalizando en este momento, es muy importante que las normas que se habían expedido, de alguna forma puedan ser reemplazadas por unas nuevas que nos aseguren que el régimen tributario colombiano sigue siendo estable y sigue siendo el mismo que teníamos hasta este momento”.

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, María Claudia Lacouture, dijo que “en medio de los análisis juiciosos que se han hecho en las últimas horas, algunos han advertido sobre el riesgo de que al nuevo proyecto se le cuelguen arandelas diferentes con lo cual se pueda desvirtuar el propósito de la iniciativa y/o profundicen la discusión –que siempre es bienvenida– abriendo la posibilidad que la nueva ley no pueda quedar aprobada antes del 16 de diciembre próximo, fecha en la que terminan las sesiones ordinarias del Congreso de la República”.

Señala que “un trámite expedito de la ley enviará el mensaje que necesita la comunidad empresarial nacional e internacional para seguir confiando en Colombia, reafirmando el buen manejo macroeconómico del país, y que ha sido una de las mejores cartas de presentación en el exterior. Reiteramos, desde el sector empresarial, el voto de confianza para superar este escollo rápidamente e impedir que desfallezca el interés por Colombia, cuyo desempeño económico ha resaltado este año en comparación con economías de la región”.