Pese a las críticas, el proceso de presentación del Plan de Ordenamiento Territorial ya concluyó. Al finalizar la semana, las tres ponencias ya volvieron a ser radicadas con las modificaciones producto del último ejercicio de difusión del documento, y ya lo que queda por delante es el trámite propiamente dicho en el Concejo de Bogotá.
De todas las entidades que emitieron recomendaciones, ProBogotá emitió 10, basadas en sus preocupaciones por lo que propone esta hoja de ruta de ordenamiento. La presidenta de esta entidad, María Carolina Castillo, explica sus argumentos a EL NUEVO SIGLO:
1. No se reconoce la sentencia de los cerros: el modelo de ocupación es el lienzo sobre el cual se construye el Plan de Ordenamiento Territorial y es la definición de los límites de la ciudad. Bogotá tiene una realidad física y es que sus perímetros están orientados por la naturaleza. Su borde en el oriente está determinado por los Cerros Orientales y en el occidente por el Río Bogotá.
En esos dos bordes la ciudad ha tenido a lo largo de las últimas dos décadas decisiones judiciales que han determinado cómo manejar estos espacios, y nuestra recomendación al Distrito es que recoja las decisiones sobre esos dos bordes (una es una sentencia del 2014 y la segunda es la sentencia del río).
La gente desarrolló viviendas y barrios informales en las denominadas franjas de transición y nos preocupa que el POT les devuelve su condición de rural, desconociendo la sentencia sobre el borde de los cerros. El efecto de esa ruralidad es que no se les puede llevar servicios públicos a los habitantes que allí residen y ese es el primer llamado: a que recoja, en su integralidad, el perímetro previsto en la sentencia.
2. Se debe respetar la sentencia del Río Bogotá: el POT ordena que las obras de adecuación hidráulica representan un riesgo por rompimiento de jarillón. El Plan establece que cada desarrollador será el responsable de los estudios de riesgo. Eso supone un problema: el análisis de riesgo no se hace predio a predio. Lo que hemos recomendado es que se le devuelva esa competencia al responsable real de hacer dichos estudios: la Corporación Autónoma Regional (CAR), como lo indicó el Consejo de Estado. El efecto de esa decisión afecta hoy a 27 mil actividades de comercio y venta de predios.
3. Se disminuye la generación de vivienda de interés social: la norma dice que cuando se hace un desarrollo inmobiliario por vía de planes parciales, el 20% debe ser de interés social y a ese porcentaje le impone la condición de tener 42 metros de tamaño.
Nuestra preocupación es que eso hace que sea mejor pagar la carga que desarrollar la vivienda y Bogotá ha demostrado ser profundamente ineficiente generando la vivienda de interés social desde el sector público. Por lo mismo, a ProBogotá le preocupa que no se genere este tipo de vivienda, en particular porque el 70% del mercado inmobiliario es VIS e imponerle restricciones de metraje va a hacer que no se genere.
4. La meta en renovación urbana no se logrará: preocupa que en donde está la apuesta grande para generación de vivienda es en renovación urbana. La renovación es buena, es positiva, pero tiene una limitación enorme y es que es muy demorada. No es lo mismo construir en donde no hay personas, a construir en un lugar que tiene familias y actividad económica.
No hay un equilibrio entre el suelo de renovación y el suelo de desarrollo. Hay una reducción del 21% del suelo de expansión y en 17 años la ciudad solamente ha tenido la capacidad de hacer algo cercano a dos mil unidades de vivienda en suelo de renovación urbana y la apuesta es a que en 12 años se hagan 347 mil unidades en esa tipología de tratamiento.
Y quiero llamar la atención sobre algo: el primer plan de renovación urbana que fue el del Pedregal, se aprobó 10 años después de adoptar el POT. Esa meta no se va a lograr ejecutar y el efecto será el de expulsión de familias que no hallarán solución habitacional y se irán a los municipios de la Sabana.
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5. Taras de movilidad: el modelo de ocupación desconcentrado que se propone, en donde la capital crece intensivamente por fuera del perímetro urbano, debe venir acompañado de una apuesta enorme de conectividad y en particular en materia de movilidad.
Pero ¿Qué encontramos? Que en el borde norte, muy por el contrario de mejorar la conectividad en vías, el planteamiento del POT lo que hace es desconectar a Bogotá principalmente de los municipios de Chía, Cota, Zipaquirá, etc. Nuestra discusión con la Alcaldía ha sido que no le quite la posibilidad a la región de tener un sistema de movilidad que es estratégico para la competitividad y la logística.
¿Y por qué lo decimos? Porque el POT plantea unas vías de escala rural para una de las conexiones más importantes que tiene la ciudad al norte, y la única vía con la que Bogotá va a contar de sur a norte es la Boyacá.
6. La ALO Norte debe ir: la Administración limita la conectividad apoyándose exclusivamente en la vía Suba-Cota y rompe la conectividad de Suba entre el Humedal Juan Amarillo y La Conejera. Advertimos que habrá una gran congestión para llegar a las vías de conexión regional. La ALO Norte debe ir, pero sobre todo en el trayecto de la calle 80 y el humedal La Conejera.
La ciudad hizo una apuesta, desde el año 1961, por la ALO como un trazado estructural, de conectividad logística, que garantiza una competitividad regional. No hacerla en el tramo norte es decirle a los cundinamarqueses: “No accedan al mejor mercado económico del país, al mercado más grande de Colombia en donde el promedio del ingreso per cápita es 69% más alto que el del resto de los colombianos. Aquí no puedes entrar porque llegas por el norte”, no.
7. El ancho de los perfiles viales: como en el caso de la Carrera Séptima, hay una gran apuesta por reconvertir parte de los carriles mixtos de la ciudad al servicio de bicicletas. No es que no nos gusten las bicicletas: nos encantan y creemos que es un mecanismo adecuado de movilización.
Encontramos que reconvertir los carriles mixtos de la ciudad en la proporción que se está proponiendo en el POT, puede generar sacrificar un servicio asociado a estos carriles. La conversación que le hemos planteado al Distrito es: haga un modelo de movilidad e identifique en dónde de verdad deben ir esos perfiles. Todos los que hemos tomado la Séptima hemos padecido un trancón y el carril para los biciusuarios desocupado.
Y te aclaro: nosotros evaluamos el potencial de migración a la bicicleta y la vocación de reconversión es del 5% de la gente que hoy se mueve en transporte público y del 13% de la gente que hoy se mueve en vehículo particular a este medio de transporte. Esos son los porcentajes de gente que migrará a la bici. Y frente a ese potencial de reconversión es que se debería plantearse la reconversión de los carriles mixtos.
8. No responde a la ciudad del medio milenio: en materia de principios, uno difícilmente puede estar en contra de lo que plantea este POT. Una ciudad descarbonizada en donde hay una apuesta porque su conectividad entre los cerros y el río sea un referente internacional, en fin.
Todos esos son valores y principios que compartimos desde ProBogotá pero, ¿Cómo los volvemos realidad? El POT, en instrumentos de gestión, se queda corto. Y se queda corto porque mucha de la norma urbana queda diferida en el tiempo a ser adoptada con posterioridad. Toca madurar la norma en el POT y toca bajar esos instrumentos para volverlos materializables.
9. No será una ciudad de 30 minutos: desde la Constitución de 1991 estaba inmersa la idea de consolidar una ciudad de proximidad. Una ciudad de 30 minutos es algo así como un rebranding de esa idea y es una apuesta enorme que tiene la ciudad desde hace años. Hay mucho que puede hacer el urbanismo, como equipamientos, pero requiere de políticas públicas complementarias. Ahí es en donde creo que esa transformación institucional no se va a dar.
10. Faltó socialización: algo que ya quedó como quedó es que el Plan debería haber incorporado las miradas disímiles de toda la sociedad. “Ahí hay otro reto enorme para que lleguemos a los 500 años como la ciudad con la que todos nos identificados”.