Estados Unidos afirmó que las elecciones en Nicaragua del próximo domingo son "una farsa" del gobierno de Daniel Ortega, durante una sesión este miércoles de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los comicios del 7 de noviembre "han perdido toda credibilidad y no son más que una farsa", afirmó el representante de Estados Unidos Bradley A. Freden con motivo de la presentación del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA.
Ortega, quien gobierna desde hace 14 años, se presenta a los comicios junto con su esposa Rosario Murillo frente a cinco partidos derechistas prácticamente desconocidos para los nicaragüenses.
La oposición ha quedado excluida: siete candidatos presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados.
Washington llama a la OEA a seguir movilizándose para que Managua afronte "consecuencias reales" por "ignorar" las múltiples resoluciones que piden democracia y respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.
A pocos días de los comicios, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó que el proceso electoral "no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas".
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"La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto" en un país en el que "todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo", aseguró Urrejola al presentar ante la OEA el informe hecho público la semana pasada.
Nicaragua pidió la palabra al comienzo del Consejo Permanente para exponer los motivos por los que decidía no intervenir ulteriormente durante la sesión.
Michael Campbell, quien habló en nombre de su país, hizo un alegato en contra del informe, que tachó de "guión malvado, manipulador y notoriamente sesgado".
Da "forma -añadió- a la excusa para agredir y justificar políticas y acciones interventoras" cuyo objetivo fundamental es "sobre todo separar a la población de Nicaragua de su gobierno para instalar un gobierno de facto".
El gobierno nicaragüense considera que las manifestaciones multitudinarias de 2018, que reclamaban la dimisión de Ortega y se saldaron con 328 muertos, 1.614 detenidos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH, fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega.
Además de Estados Unidos, en esta sesión solo han pedido el uso de la palabra Costa Rica, Uruguay y Canadá, que considera que los resultados electorales "son ilegítimos".
Para Costa Rica el informe de la CIDH recuerda que "el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que puede conducir a un régimen autoritario incluso si éste es electo mediante elecciones populares".