La ONU alertó este miércoles sobre el desplazamiento de más de un millar de personas que huyen de combates entre la guerrilla ELN y una banda narcotraficante de origen rebelde que se disputan una zona fronteriza con Venezuela.
"Seguimos preocupados por el desplazamiento de más de 1.000 personas registrados desde la semana pasada en Hacarí, Catatumbo, por enfrentamientos entre el ELN y el EPL", escribió en Twitter la oficina de derechos humanos del organismo internacional.
"Llamamos al respeto al DIH y la protección de los civiles de los efectos del conflicto #Colombia", agregó.
La zona del Catatumbo pertenece al departamento Norte de Santander y es la segunda con mayor cantidad de narcocultivos en el país, así como ruta de paso de cargamentos de droga hacia Venezuela que emplean contrabandistas de ambas naciones.
Desde principio de año, es escenario de combates entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos diálogos de paz con el gobierno están en suspenso, y miembros de Los Pelusos, banda narco surgida de la desmovilizada guerrilla maoísta EPL, que luchan por controlar el vasto territorio.
Aunque el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró el martes en un comunicado que los desplazados ya habían vuelto a sus lugares de residencia, el general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, advirtió ese mismo día a la prensa que los retornos todavía no habían concluido.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrilleros, paramilitares, narcos y agentes estatales, con un saldo de más de ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Esto a pesar de que los enfrentamientos se han aliviado tras la firma en 2016 de un acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a las FARC.
El país sudamericano es el segundo país con más desplazados internos, con 7,7 millones, por detrás de Siria (12 millones), según datos divulgados en 2017 por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
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Defensoría lanza alerta en el Cauca
Una preocupante radiografía de la situación que viven las comunidades en el departamento del Cauca hizo ayer el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien adelanta un recorrido por esa zona del país.
De acuerdo con lo dicho por el funcionario en desarrollo de una Audiencia Defensorial, la violencia en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos; el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y desplazamientos, son los principales males que azotan a esta zona del país.
Es por este motivo que pidió a las autoridades a tomar acciones eficaces para superar la grave crisis humanitaria y social por la que atraviesa el Cauca, la cual ha venido profundizándose en los últimos años.
La Defensoría del Pueblo registró que el desplazamiento forzado ha afectado a 386 familias que representan un total de 1.153 personas, principalmente en los municipios de Argelia, Almaguer, Caloto, Morales, y, sobre la costa pacífica, Guapi, Timbiquí y López de Micay.
Asimismo, el informe señala una grave situación de seguridad para los líderes sociales de ese departamento. “Como Defensor del Pueblo debo velar por su protección. Si me toca caer, lo voy a hacer porque no tengo temor y lo ordena mi corazón”, afirmó Negret.
Frente a la minería ilegal, dijo que “las comunidades expresan constantemente sus inquietudes por los impactos ambientales que generan las actividades extractivas (minería) en sus territorios que están afectando la vida, la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria en general, así como las dinámicas sociales, culturales y políticas tanto de la región norte como de la costa pacífica caucana”.
El Defensor continuará su recorrido por el “Andén Pacífico” en el que recorre varios municipios del Cauca, Valle del Cauca y Nariño para visibilizar las graves situaciones que enfrentan las comunidades de la zona, las víctimas y grupos étnicos, entre otros.
Por otro lado, la Delegada para la Orientación y Asesoría para las Víctimas del Conflicto Armado de la Defensoría, adelanta procesos de acompañamiento con directa incidencia en la regional Pacífico de la Entidad, puesto que, ha logrado atender a 1.439 víctimas del conflicto armado mediante asesorías psicojurídicas individuales y grupales entre enero y octubre de 2018.