* Orden público en regiones se deteriora
* Estado no está dominando el territorio
La situación de orden público en varias zonas del país se continúa deteriorando. Más allá de los balances contradictorios sobre lo que ha sido la gestión en materia de seguridad en estos primeros cien días del gobierno Petro, lo ocurrido este fin de semana en Putumayo es una evidencia de que a nivel regional se mantiene e incluso crece el combate a sangre y fuego entre distintas facciones armadas por el dominio de los corredores del narcotráfico.
Los enfrentamientos que dejaron un impactante saldo final de 18 muertes se escenificaron en los corregimientos de La Y y las Delicias, en zona rural de Puerto Guzmán. Duraron varias horas y los bandos enfrentados utilizaron armas de largo alcance. Todo hace indicar que combatieron efectivos de la columna ‘Carolina Ramírez’, que hace parte de las llamadas disidencias de las Farc, hoy bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, con integrantes de los llamados “Comandos de Frontera”, una estructura de las reincidencias de la misma exguerrilla, que obedecen órdenes de alias ‘Iván Márquez’. No se descarta tampoco que haya estado involucrado personal perteneciente a bandas criminales como ‘La Constru’ o del mismo ‘Cartel de Sinaloa’…
Es claro, en todo caso, que los combates tienen que ver con la pelea por dominar esta franja del río Caquetá, que es una ruta estratégica para mover cargamentos de droga, insumos para su procesamiento, armas y realizar otras actividades delincuenciales derivadas. Este tipo de conflictos ya se han registrado en Arauca, Catatumbo y distintas zonas del suroriente del país entre los grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln y bandas criminales de alto espectro como el ‘Clan del Golfo’, ‘Caparros’ o ‘Pelusos’, entre otros.
La intensidad de los enfrentamientos en Putumayo, su duración y, sobre todo, que ambos grupos ilegales han venido compitiendo de tiempo atrás por el ‘dominio’ de este corredor estratégico evidencia que no se está hablando aquí de una rencilla aislada entre dos facciones pequeñas o de bajo alcance. Por el contrario, lo que existe en esta zona es una guerra abierta. Incluso, el hecho resulta más grave si se tiene en cuenta que a mediados de la semana pasada en Puerto Asís se realizó una sesión de los llamados “Diálogos Regionales Vinculantes” que sirven de base para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo. El evento, que contó con la presencia de altos funcionarios gubernamentales como el ministro de Comercio así como el gobernador del Putumayo, contó con amplia presencia de la Fuerza Pública para salvaguardar a los más de 1.300 habitantes de la zona (incluyendo Puerto Guzmán) que participaron.
Resultan insuficientes las explicaciones del Ministerio de Defensa en torno a que una de las razones de este tipo de combates en distintas zonas del país responde a la intención de estos grupos por posicionarse ante la eventualidad de sendos procesos de paz. También debe explicarse por qué las Fuerzas Militares solo arribaron a la zona de los enfrentamientos varias horas después, cuando ya la propia y atemorizada comunidad había, incluso, recogido los cuerpos y los llevó al cementerio local.
Pero no solo es lo que ocurre en Putumayo. La Defensoría denunció días atrás la forma preocupante en que están creciendo los casos de desplazamiento y confinamientos forzados. Igual se incrementan los ataques a efectivos de la Fuerza Pública, sobre todo en la modalidad de asesinato y secuestro. Los crímenes contra líderes sociales siguen presentándose… Elenos, grupos residuales de Farc, bandas criminales y carteles están detrás. No hay que olvidar, por ejemplo, que a comienzos de septiembre las disidencias asesinaron a siete policías en zona rural de Huila y que estas facciones están en plena guerra en Arauca contra Eln y reincidencias.
Una vez más queda en evidencia que el Estado, más allá del gobierno de turno y de la estrategia de paz que esté adelantando, tiene que redoblar su operatividad para recuperar el dominio territorial e institucional de muchas áreas del país en donde la población está cada vez más a merced de delincuencia común y organizada. No cabe aquí ningún tipo de debate político e ideológico. Un Estado que permite combates como los que se dieron este fin de semana en el sur del país y con un saldo fatal tan alto, mal se puede reputar de garante de la soberanía territorial y guardián efectivo de la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Primero fue en Huila y ahora en Putumayo. Los campanazos se continúan sumando y el Ejecutivo tiene que dar una respuesta contundente para evitar que el orden público siga deteriorándose.