En horas de la tarde y como ya lo estaba esperando la ciudadanía, la alcaldesa Claudia López, en compañía de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, firmó el Decreto 555 del Plan de Ordenamiento Territorial.

Ante la duda de qué se aprobaría, lo primero que toca dejar sentado es que la Alcaldía aprobó el decreto que radicó ante el Concejo el pasado 10 de septiembre, pues “por ley se debe adoptar la propuesta de POT que se presentó ante el Concejo de Bogotá. Es la única opción”, dijo la Mandataria distrital.

No obstante, la alcaldesa gastó buena parte de su presentación en explicar cómo la ley también establece que con posterioridad a dicha adopción se pueden hacer dos tipos de ajustes: los acordados en el Cabildo abierto y los que se puedan hacer por reglamentación.

“La totalidad de los compromisos que adquirimos en el cabildo la vamos a adoptar con posterioridad en la etapa de reglamentación y el 95% de otras propuestas, sobre todo de concejales, también las vamos a adoptar en reglamentación y concertación con ellos (…) El POT sigue en concertación, sigue en participación y sigue en acuerdo”, indicó.

El POT es legítimo  

Adicionalmente, y en medio de un alud de críticas provenientes de concejales de Bogotá, de directores gremiales y de ciudadanos que duraron buena parte del día recordando la solicitud que le hizo la entonces alcaldesa electa Claudia López al exalcalde Enrique Peñalosa para que no aprobara por decreto su propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, hoy la mandataria explicó su decisión y aseguró que el documento tiene toda la legitimidad política y social.

“Este POT fue debatido por la ciudadanía; este POT fue concertado con el Consejo Territorial de Planeación y las autoridades ambientales; este plan ganó plenamente su legitimidad en el programa de gobierno que ganó en las urnas y este plan no fue negado por el Concejo de Bogotá. La propuesta del exalcalde Peñalosa y de Gustavo Petro sí”, dijo López.

Añadió que “este POT tiene plena legitimidad, plena participación y plena concertación. En un 95% está incluido lo que acordamos y en el 5% que no estábamos de acuerdo, la ley le confiere a la Alcaldía la autoridad de tomar la decisión de última instancia y eso estamos haciendo. Eso no es autoritario”, indicó la alcaldesa Claudia López, quien a lo largo de todo su discurso se refirió a la necesidad apremiante que tiene la ciudad de un POT vigente.

También indicó que todos los planes de ordenamiento territorial que ha tenido Bogotá se han aprobado por decreto y que este, además de haber ganado en las urnas y de llevar una década de discusión “es el POT que tuvo el mayor número de participantes y de propuestas. Pero no es solo la cantidad: es que fue un 95% incidente. Es un buen nivel de acuerdo”.

Y por último, a este respecto, argumentó que esta fue la primera vez que en el Concejo un POT tuvo tres ponencias positivas, así ninguna de ellas pudiera ser adoptada, y cerró diciendo que la pandemia, la emergencia climática y el estallido social de este año aceleraron la necesidad de una hoja de ruta que salde todas las inequidades sociales y ambientales de la ciudad “que ya no da más espera”.

Vale precisar que, ante la posible inestabilidad jurídica que esto podría implicar a largo plazo, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, dijo que “el POT es un instrumento seguro jurídicamente que ya trae, en su cuerpo normativo, las reglas del juego que necesitan los curadores para licenciar. Estamos simplificando enormemente la normatividad”, indicó.

Concertación y reglamentación

A dicho respecto, la Mandataria añadió que la concertación de este nuevo decreto no se terminará con la expedición del mismo y que, por el contrario, la concertación continúa y continuará en su etapa de reglamentación con los sectores con los que se hicieron compromisos de ajustes, tales como el de los recicladores, los residentes de barrios residenciales que necesitan ser protegidos de los usos de alto impacto y los constructores que ameritan claridad sobre las cargas urbanísticas, entre otros.

Ahora bien, esto implica que este POT se seguirá construyendo por acuerdo con la ciudadanía, como ella misma lo expresó, lo que lo deja hasta cierto punto abierto y pasará tiempo antes de saber realmente qué va y qué no va.

La Mandataria dijo, palabras textuales, que el 95% de las cosas que propuso la ciudadanía, o el Concejo o los gremios, quedaron incorporadas, “o en el POT que estamos expidiendo hoy o en la reglamentación que vamos a adoptar. Solo hubo un 5% de cosas en las que no estuvimos de acuerdo y este POT está tomando una decisión porque teníamos que resolver dichos desacuerdos”.

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En ese 5% de temas discrepantes que no quedarán incluidos “porque no estamos de acuerdo con eso”, están: seguir creciendo en área urbana; seguir con 20 localidades y endurecer los humedales, por hacer mención de algunos. A este respecto refirió que  habrá carga de aportes urbanos, que era algo que muchos no querían.  

Cronograma

En los dos años restantes, porque lo obliga la ley, la Administración deberá cumplir los compromisos que se hicieron en el marco del cabildo, algo que ya se mencionó.

“Los compromisos que asumimos en el cabildo los vamos a cumplir. Haremos las revisiones cartográficas de algunas vías para que pueda haber bosque urbano, o en el caso del Salitre para poder conectar al humedal con un parque lineal. Todos esos compromisos que se hicieron y que están en el acta del cabildo, que hicimos con los residentes de los barrios, los vamos a cumplir (…) Acordamos que las bodegas de reciclaje deberán estar en zonas estructurantes y acordamos un plazo de por lo menos dos años para que quienes se tengan que mover lo hagan en un plazo razonable”, dijo la Alcaldesa que sería la primera tarea.

En los 24 meses restantes de gobierno también se harán mesas de trabajo con curadores, quienes deben interpretar el POT y aplicarlo.

Y en una tercera medida, con relación a los constructores como Camacol se acordará la reglamentación sobre cargas urbanas, los mínimos de vivienda y cómo se liquidarán dichas cargas, entre otros temas, y toda esa reglamentación se hará con el sector privado y gremios interesados, “durante el primer semestre del año”.  

Ahora, cuando termine la campaña, se comenzará la socialización y reglamentación participativa de las 33 nuevas localidades, se hará a partir de junio del 2022 y durante el 2023. Y también se trabajará en la reglamentación de las 25 actuaciones estratégicas, la política de moradores, de construcción y de revitalización urbana sin expulsar a los moradores.

Concejales citarán a debate

Ante la firma del decreto 555, el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, citará a la alcaldesa, así como a las Secretarías de Planeación, Hábitat, Gobierno y Movilidad de Bogotá, a un debate de control tras la aprobación del POT.

“Nosotros regresamos el 12 de enero y habrá unos días de selección de comisiones y mesas directivas, pero ya hice la proposición para que en la plenaria el Gobierno Distrital nos explique por qué tanta contradicción, qué se aprobó y qué pasó con la concertación en la que ya se había avanzado con la comunidad”, indicó a EL NUEVO SIGLO el concejal Rojas.

Frente a este hecho, el concejal y urbanista de la Alianza Verde, Martín Rivera, dijo que el decreto 555 es el símbolo de la incoherencia de Claudia López, pese a la solicitud que había hecho a Enrique Peñalosa para que no lo decretara y pese a que 30 concejales le solicitaron que no lo hiciera.

“La señora Claudia López hoy decretó su Plan de Ordenamiento Territorial. Un POT que tiene ligerezas, que aumenta desigualdades y que tiene un enfoque equivocado de lo que debe ser una ciudad del 2021 es una incoherencia de Claudia López y es doloroso que se haya sacado por decreto”, indicó a este Periódico el concejal Rivera. 

Por su parte, el concejal ponente del Partido Conservador, Nelson Cubides, le explicó a EL NUEVO SIGLO que “no hay claridad sobre el texto que decretó y no se sabe cuáles son las modificaciones. Pero la ALO Norte con toda seguridad no irá porque implicaría sacar el sistema de cuidado de Suba y la ciudadela universitaria y eso para ella era innegociable”, indicó a este medio el concejal, quien concluyó diciendo que “predicó y no aplicó”.

Gremios reaccionan  

Por su parte, el gerente de Camacol Bogotá & Cundinamarca, Alejandro Callejas, quien desde la mañana había señalado que este documento se estaba aprobando el 29 de diciembre y por la puerta de atrás, dijo que “pese a que todos los sectores económicos, políticos, sociales, barriales y ambientales de la ciudad pedimos respetuosamente que no decretara el POT como se radicó originalmente, esa fue su decisión. Ahora nos queda estudiar las consecuencias que esto traerá para la ciudad y acompañar el proceso de reglamentación que ella prometió el día de hoy”, indicó al finalizar la tarde.  

Por su parte, la presidenta de ProBogotá, María Carolina Castillo, dijo que haber adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial por decreto fue decirles a los ciudadanos de Bogotá que sus observaciones no son relevantes.

“Excluyó a la ciudadanía de la conversación sobre el ordenamiento territorial y adoptó el texto que fue radicado el 10 de septiembre que, desde Bogotá, hemos señalado que contiene problemas técnicos enormes que generarán un impacto negativo en la calidad de vida de los bogotanos”, indicó.