Las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República y la Cámara de Representantes, presidida por el senador Manuel Enríquez Rosero y la representante Ana Cristina Paz Cardona, en cumplimiento de la Ley 668 de 2001, llevó a cabo el concurso de méritos en sesión conjunta de estas Comisiones celebrada el día 9 de agosto de 2016. Elegidos en el concurso: al capitán del Ejército Nacional Hugo Germán Quintero Morales, para recibir la Medalla “Luís Carlos Galán de lucha contra la corrupción”. El patrullero de la Policía Nacional Harold Andrés Romo Zambrano recibirá la Medalla “Pedro Pascasio Martínez de ética republicana”. En la misma sesión, se aprobó otorgar mención especial de reconocimiento público a los finalistas a las medallas que obtuvieron votación, así: por la Medalla “Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción”, recibirán reconocimiento la señora Lilian Barrera Montenegro, el intendente de la Policía Hugo Armando Ortiz Bedoya y María Margarita Zuleta González.
Foro del Agua
Mediante el foro denominado, ”Agua Derecho Fundamental”, convocado por los senadores Doris Vega de Opción Ciudadana y Jorge Prieto del Partido Verde. El evento se efectuó en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional y contó con la asistencia de la senadora Sofía Gaviria (Partido Liberal); Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente; Ricardo Lozano, Marco Fidel Suárez, concejal de Bogotá; Rosa Iguarán, líder de la Comunidad indígena Wayuu; Néstor Franco, director de la CAR; Diego López Medina, profesor de Derecho Universidad de los Andes; Cristian Díaz, director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, entre otros participantes.
Denuncia amenazas
La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, denunció que Defensores de Familia de Chiquinquirá y sus familias, fueron amenazados por los padres de tres niños que se encuentran bajo protección del Instituto desde hace cuatro años. Plazas anunció que los niños serán trasladados a otra ciudad para continuar sus procesos administrativos de restablecimiento de derechos y pidió apoyo a la Fiscalía y a la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios, sus familias y los equipos defensoriales. “En Chiquinquirá nuestros Defensores de Familia están amenazados por unos padres que no quieren que se defina la situación jurídica de sus hijos. Los padres no están en condiciones para garantizar sus derechos y tenemos que definir su situación jurídica, por lo cual tomamos la decisión de trasladar el caso a otro Departamento. Estamos haciendo un llamado a la Policía y a la Fiscalía para que se tomen las acciones necesarias”, señaló.