El limbo judicial castrense

En  Colombia padecemos una crudelísima  guerra intestina e interminable, negarlo sería como intentar tapar con los dedos de la  mano la luz del sol. Casi no existe zona de la geografía nativa exenta de confrontaciones, lo mismo que es notorio el retorno de los atentados en las ciudades y  vías estratégicas. Lo que contrasta con las montañas de dinero y la sofisticada tecnología que se destina a combatir a los terroristas, así tengamos un Ejército con una experiencia de más de medio siglo de lucha contra diversos grupos armados.
En medio del horror de la guerra fratricida duele ver cómo la población civil lleva entre las víctimas la peor parte, no solamente  muertos, heridos, huérfanos, viudas, sino por su expulsión brutal del solar nativo. Familias enteras son condenadas  al desplazamiento forzado y mendicante.
La guerra ha cobrado tales dimensiones que desde hace varias décadas los gobiernos trasladan a las Fuerzas Armadas la dura represión de los sediciosos, cuando su función en teoría es  proteger las fronteras. El famoso caso del Palacio de Justicia es muestra elocuente de anómala alteración interna para defender el orden que por las circunstancias se ha delegado a las Fuerzas Armadas, con los gravísimos  problemas conocidos. La lucha contra elementos subversivos dentro del territorio nacional debe ser competencia de una Guardia Nacional entrenada para el efecto. Lo mismo que la Policía debiera dedicarse a proteger a los ciudadanos y combatir el delito.
La misión de la Guardia Nacional sería confrontar permanentemente  a los subversivos, con  potencia para contraatacar, perseguirlos hasta sus guaridas y reducirlos o aniquilarlos. Esa misma Guardia Nacional debiera cumplir un papel clave en las aduanas y la protección de la riqueza nacional, particularmente en las zonas mineras. Esa guardia debería contribuir a destruir los focos subversivos y restablecer el orden, con heroicos oficiales y soldados de elite, salidos de los cuadros más experimentados de las Fuerzas Armadas. Estaría conformada por voluntarios con entrenamiento superior dispuestos a sacrificar sus vidas por conquistar la paz y ganar jugosos sueldos, rodeados del agradecimiento del pueblo.
En un pernicioso estado de guerra crónico, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, si algún día el Gobierno y el Congreso se deciden a crearla para ganar la guerra, así como la Policía, debieran tener un Estatuto especial; se necesita el  fuero militar, una armadura legal para salir del limbo. El Estatuto Militar sería más severo que la justicia civil. Cuando el militar incurra en delitos comunes sufriría una pena castrense mayor que los civiles por degradar sus principios, mancillar el honor y enlodar el buen nombre de la institución. Lo que importa referente al  Fuero Militar es tener  jueces  probos, imparciales y justos, familiarizados del proceder  castrense, estrategia y táctica. Es preciso reconocer que  oficiales y soldados cumplen ordenes, al no ser deliberantes, en el estamento militar debieran responder por la orden los superiores jerárquicos, no los subalternos que a diferencia de los civiles deben obedecer sin chistar. Magistrados y soldados cumplen roles sociales distintos, merecen ser liberados del fatal y ominoso antagonismo vigente.