ANDRÉS MOLANO ROJAS* | El Nuevo Siglo
Lunes, 26 de Noviembre de 2012

El país de los expertos

 

Si  algo ha quedado claro en medio de la controversia suscitada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua versus Colombia es que en el país abundan los expertos (pero escasean los estudiosos), sobran los opinadores (pero faltan formadores de opinión), pululan los agitadores (pero se echa de menos a los verdaderos líderes políticos), proliferan las noticias (pero no hay suficiente información).  En el interior de cada colombiano -como reza el tópico- habitan un técnico de fútbol, un economista, y un alcalde.  Ahora también un letrado en derecho internacional y una Casandra de la política exterior.

Todo el mundo tiene derecho a tener opiniones y a expresarlas. Pero aquellos cuya opinión es difundida entre el público tienen la obligación de asumir en serio la responsabilidad que ello implica, sobre todo si se arropan con la investidura de su posición social, y especialmente, si esa investidura es la del profesor o el académico.

Da la impresión de que muchos de los expertos que se han pronunciado sobre el polémico asunto no se han tomado el trabajo de leer la sentencia de la Corte. Pocas alusiones expresas se han hecho a cualquiera de los considerandos del tribunal, o a la existencia de precedentes contundentes. Tampoco parece que hayan leído el Estatuto que rige su funcionamiento, o la Carta de San Francisco -esa que establece expresamente que ante el incumplimiento de un fallo, el Estado afectado (no el que incumple) podría acudir al Consejo de Seguridad para que éste, si lo considera necesario, haga recomendaciones o dicte medidas “con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”. Unos han llegado incluso a torturar al derecho internacional para hacerlo decir lo que no quiere: “El derecho internacional dice que desconocer el fallo es viable". Otros, sin discernimiento, han citado casos de desacato para justificar que Colombia haga lo mismo. Y están también los que han intentado provocar una especie de pánico jurídico, sólo para enardecer eso que Jorge O. Melo -una excepción que confirma la regla- llamó “nacionalismo depresivo”.

Entre tanto experto opinando el riesgo es que el país acabe perdiendo perspectiva. El desacato no resolverá ningún problema de la población sanandresana. Tenemos un pleito pendiente con Ecuador (y en Quito se preguntan qué cabe esperar de Colombia). Y así, casi sin darse cuenta, el país dilapida uno de los pocos activos de su diplomacia (ya bastante erosionado durante el Gobierno anterior): el respeto y sujeción a la legalidad internacional.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales