Uno de los instrumentos fundamentales de cooperación entre los diferentes países para la persecución de los delitos y evitar la impunidad, es el mecanismo de la extradición de delincuentes que son requeridos por la autoridad judicial de un país, cuando se encuentran residiendo en otro diferente.  Las leyes colombianas permiten la extradición cuando hay reciprocidad o tratados bilaterales para el efecto.

Con el tráfico de estupefacientes, delito transnacional, la extradición se ha convertido en uno de los principales instrumentos de cooperación de Colombia con los Estados Unidos de América, pues las mafias dedicadas a este tráfico ilícito, le temen a la extradición, al punto que algunos han dicho que prefieren una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Es que, en dicho país, el sistema carcelario es invulnerable y eficaz para la reclusión del delincuente y allí no gozan de las prebendas que obtienen en las cárceles colombianas, donde con el dinero se abren todo tipo de puertas y consiguen toda clase de servicios, debido a la corrupción del sistema.

El Presidente anunció, ante un grupo de trabajo entre los dos países, su intención de no extraditar a los narcos que lleguen a un acuerdo de acogimiento con al país y cesen en actuar delictuoso; así como continuarla, con los que reincidan o no suscriban el acuerdo aludido.

Si bien en las negociaciones con las Farc el gobierno americano estuvo conforme en suspender los pedidos de extradición para facilitar los acuerdos, no hay que perder de vista que este grupo mantenía cierta connotación de actor político en el conflicto colombiano, así hayan terminado en el narcotráfico; este se miraba como un delito conexo a los de rebelión y así se trató en los acuerdos de La Habana.

Ahora la cuestión es diferente, pues los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico no tienen ese carácter de actores políticos. Si bien hay que intentar recorrer otros caminos para solucionar este flagelo de la droga que ha cobrado la vida de muchos en el mundo, corrompiendo la juventud; para cambiar la política de colaboración hay que actuar con prudencia y diplomacia, pues no se puede encarar el problema unilateralmente.

El narcotráfico es un delito transnacional, que arranca en los países productores y termina en los consumidores. Combatirlo aisladamente, es un propósito frustrado; lo que deba hacerse debe ser con el concierto de las naciones afectadas.  Una política antidrogas, si se quiere que sea efectiva, debe ser el resultado de un esfuerzo común, que involucre a todos los países que se afectan con el tráfico ilegal.

Ahora, los acuerdos bilaterales consignados en tratados que contemplan la extradición no pueden ser desconocidos, hay que renegociarlos o cumplirlos. Romper unilateralmente los acuerdos de colaboración puede traer consecuencias no deseables para el país; por ello, debe negociarse el cambio que Colombia quiere dar, pero sobre todo concertar con las demás naciones la política que se quiere trazar en materia de narcotráfico. Los compromisos para la extradición de delincuentes hay que cumplirlos, mientras no se negocien otros acuerdos.