Colombia y la OCDE
Un tema que cada día concentra más la atención de los gremios del sector privado, entre ellos el agropecuario; y de los movimientos sindicales, es la aspiración de Colombia a formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Denominada por algunos como el “Club de los Países Ricos”, sin que realmente esa sea su verdadera condición, pues así como algunos países que la conforman son desarrollados, también los hay en proceso de desarrollo. Lo importante más bien, consiste en que se trata de un “Club de Buenas Prácticas”, que contribuye con su análisis y asesoría, a que los países miembros adopten soluciones con base en la experiencia de quienes lo estén haciendo mejor.
En ese orden de ideas, a comienzos de este año la OCDE presentó un informe sobre Colombia, destacando el comportamiento de su economía y sus finanzas durante la última década, pero haciendo un llamado de atención por las grandes desigualdades sociales observadas. Inequidad laboral, tributaria y pensional principalmente; además de la extrema pobreza; sugiriendo igualmente, medidas en distintos frentes como en las rentas de los departamentos y las alcaldías, y sobre la rigidez en la aplicación de las transferencias del orden central. De la misma forma hizo observaciones sobre el atraso tan grande que acusa nuestro país en materia de infraestructura de transporte. También subrayó detalles inherentes al sector educativo. De otro lado, se refirió al tema agrario advirtiendo sobre la necesidad de actualizar los catastros en las áreas rurales, para estimular supuestamente “un uso más eficiente de la tierra y su desconcentración”.
Entre tanto y aunque el mismo informe critica la carga impositiva tan alta a las empresas que según su punto de vista afecta la generación de empleos formales, por otro lado propuso ampliar la base del IVA y subir su tasa, e incrementar el impuesto a la gasolina y el diésel. Decisiones impopulares que han generado revuelo y prevención en los sectores que resultarían afectados.
Y si bien es cierto este documento se conoce desde enero del presente año, el Gobierno ha preferido manejarlo con absoluto sigilo, especialmente con las organizaciones sindicales y el sector agropecuario. Pareciera ser por el posible impacto que pudiese llegar a tener en las negociaciones en La Habana. Tanto así que tratándose de un Acuerdo que debe pasar primero por el Congreso de la República, hasta ahora no ha surtido ese trámite; sin embargo, algunas de las recomendaciones ya se han ido aplicando paulatinamente.
El caso es que en el Plan de Desarrollo 2014-2018 se dice que este se regirá por los estándares de la OECD. La reforma tributaria estructural anunciada seria otro ejemplo que da cuenta de lo mismo. Y no nos sorprenda entonces una nueva reforma pensional que pueda estar en ciernes; como igualmente, las determinaciones orientadas supuestamente a “mejorar el uso de la tierra y a promover su desconcentración”, como ya lo dijimos atrás.