En un Estado de Derecho, el cumplimiento de las sentencias proferidas por las diferentes jurisdicciones se encuentra por fuera de toda discusión.

Más allá de los mecanismos para impugnar las decisiones judiciales dentro de los ámbitos procesales respectivos y que hacen parte de las garantías reconocidas a todos los justiciables en el marco del debido proceso, nadie está autorizado para desconocer, condicionar o retardar el cumplimiento de los mandatos contenidos en ellas. Y mucho menos  las autoridades que están precisamente llamadas a hacerlas respetar por toda la sociedad, pues ello hace parte no solo de los deberes ciudadanos sino sobre todo de las obligaciones  esenciales de los servidores públicos, comenzando por el presidente de la República y sus ministros, como lo ha recordado con razón, en ejercicio de sus competencias, el Procurador General de la Nación. 

Las decisiones de los jueces se deben acatar siempre, y su cumplimiento no depende de si benefician o afectan a determinadas personas, o si están o no de acuerdo con las convicciones ideológicas, intereses, deseos o imaginarios del gobierno de turno. La Constitución y la ley es el único marco que debe encauzar dichas decisiones y es también el único referente que debe ser tomado en cuenta por quienes están llamados a darles cumplimiento. 

Todo esto hace parte de la esencia misma del sistema democrático, en el cual la separación de poderes y la autonomía e independencia judicial se encuentran en la base del funcionamiento del Estado para garantizar los derechos y libertades de todos. Entrar en la lógica de retar o de intentar deslegitimar las decisiones de los jueces con invocaciones sin sustento a un supuesto lawfare o guerra jurídica, o nutrir descalificaciones sistemáticas en redes sociales a partir de una alegada instrumentalización de la justicia cuando las decisiones no se ajustan a lo deseado por los gobernantes, no pueden leerse sino como intentos por desconocer dicha esencia.

Quienes se prestan a ese juego parecen no ser  conscientes de las consecuencias  del daño que este tipo de acciones hace a la estabilidad general de las instituciones que, con tantos esfuerzos, luchas y sacrificios hemos venido construyendo como país, pero sobre todo, a sus propios intereses, pues si se destruyera la democracia, son a esas mismas instituciones y a esos mismos jueces imparciales que hoy se pretende socavar a los que añorarían poder acudir  para proteger y hacer respetar sus derechos.

Coda. De mucho provecho para todas las autoridades y los estudiosos del derecho en general resultará  la magnífica obra recientemente publicada por el  Consejo de Estado, con  el liderazgo y  coordinación del exconsejero Guillermo Sánchez Luque  y prólogo del también exconsejero Augusto Hernández Becerra “Constitución y derecho administrativo. Doctrina básica del Consejo de Estado desde 1830”. Obra que contiene una muy juiciosa selección de sentencias y conceptos emitidos por el Consejo de Estado en su doble función de Tribunal Supremo de los Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno, estructurada a partir de los grandes ejes del texto constitucional de 1991. El impresionante aporte de esta institución dos veces centenaria es un ejemplo por excelencia de ese patrimonio institucional de la Nación que los colombianos debemos valorar, cuidar y proteger.

@wzcsg