En cuatro meses, el gobierno del Pacto Histórico ha puesto en marcha un inaudito proceso de deconstrucción de la institucionalidad, fiel a los mandamientos ideológicos que lo nutren y a los proféticos anuncios del candidato a lo largo de su campaña, que por sus dimensiones catastróficas fueron desestimados por la incrédula opinión pública.

La reforma tributaria fue tan solo un abre bocas ante el decrecimiento propuesto por la ministra de Minas y Energía, que hoy pretende sustentar con la entrega de la seguridad energética de Colombia en manos del sátrapa Maduro y de sus compinches, y ante la anunciada reforma de la salud por la ministra del ramo, cuyos resultados no serán otros que los de arrebatarle esa condición indispensable de vida a los colombianos.

 La ineptitud de la primera trajo consigo la devaluación del peso, la suspensión de la inversión y el inicio de un proceso preventivo de fuga de capitales. El arrebato de la segunda, hoy amenaza al sistema con la escasez de medicamentos. Por esos desatinos la ministra Vélez enfrenta una moción de censura, mientras que la Ministra Corcho procede con inusitada prisa al derrumbe del sistema que nos permitió sortear exitosamente las más cruenta amenaza a la salud que hemos vivido como nación.

La ministra de salud, ideologizada al extremo, califica al sistema con el espanta- pájaros de neoliberal, tildándolo de perverso, que la impulsan a su desmantelamiento fundada en los apocalípticos mensajes del presidente, y que hoy se traducen en propuestas asiduamente formuladas en trinos fríamente calculados para incitar al caos y generar pánico. Esboza la sustitución de lo existente por sistemas de reconocido fracaso, como el de Chaves y Maduro, y anuncia el desfinanciamiento del sistema y la desaparición de las Eps aduciendo que “no es que las queramos eliminar, sino que ella mismas se han eliminado”.

Con improvisada soberbia procede a una hecatombe laboral en el ministerio con la insubsistencia de más de 200 funcionarios y contratistas, que representa una pérdida sustancial y sin precedentes de su capital institucional.  Con igual celeridad e irresponsabilidad, se propone hacer lo mismo en el Instituto Nacional de Salud, al que mucho le debe el país en “los avances de la capacidad de diagnóstico y en la vigilancia epidemiológica con las que ha contribuido a la extensión de más de 30 años en la expectativa de vida de los colombianos en el último siglo”. 

Su estrategia consiste en crear crisis y anarquía, que autoricen la deconstrucción de lo existente y la elaboración de una propuesta alternativa alimentada por la politización del sistema en manos exclusivas del sector público, escenario prohibido en un sistema pluralista ajeno al sectarismo político, así como la divagación ideológica que todo lo daña y trastorna, como nos lo enseña nuestra propia y convulsionada historia.

La ministra Corcho, secundada por el superintendente Ulahy Beltrán, siembran pánico, convencidos de que abonan terreno fértil para una reforma, aún incógnita, pero que, una vez presentada, será de todos modos aprobada por unos partidos que hoy padecen del síndrome de la mendicidad.