Gustavo Petro ha logrado la hazaña de poner en peligro su propio gobierno. Así lo constata alarmado su principal escudero Gustavo Bolívar. En los 210 días transcurridos, el presidente y su gabinete han dado pruebas incontrastables de improvisación y de su incapacidad de entender los retos que se confrontan, potenciada por el radicalismo ideológico del jefe de estado y la impericia y desaciertos de la inmensa mayoría de sus ministros. El presidente no ha logrado comportarse como jefe de estado, ni de gobierno, pero si silenciar las pocas voces que intentan aterrizarlo en la comprensión de las realidades que nos aquejan.

Su promesa de unir al país sólo fue flor de un día. Dio paso a una febril actividad dirigida a arrasar con la institucionalidad vigente para reemplazarla con una estructura estatizada y repudiada por las calamidades que provocó en el mundo, en especial en las Américas, con las experiencias desastrosas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Su impaciencia lo alejó de los cauces del entendimiento para la consecución del cambio prometido, y lo dispuso a medidas improvisadas que sólo consiguen acentuar la zozobra y la incertidumbre que acrecientan los temores y erosionan la confianza ciudadana, de los partidos políticos y de la comunidad internacional en los méritos de su gestión.

La paz total se extravió en un cese al fuego unilateral, no convenido con los actores de la violencia y por lo mismo carente de mecanismos y de responsables de su verificación, sólo aplicable a la Fuerza Pública, y cuyo resultado ha sido el empoderamiento del control territorial de las organizaciones criminales que ensangrientan al país con su batalla por los réditos del narcotráfico. Lo acontecido en el Caguán revela el espíritu de sometimiento del gobierno, al haber enviado al contingente policial desarmado al control del orden público, y abandonarlo a la triste suerte de su indefensión y humillación, secuestrados, y uno de ellos asesinado.

La calificación de semejante acto como cerco humanitario indica el grado de postración ante cualquier manifestación delincuencial de los grupos armados que gozan hoy de plena libertad para la consecución de sus objetivos. No sorprende entonces la pasividad del gobierno ante la dramática situación del orden público en el bajo Cauca antioqueño, en los departamentos de Córdoba, Cauca, Nariño, y en el Magdalena medio santandereano, con sus poblaciones confinadas, desabastecimiento de alimentos y medicinas y ruegos de sus autoridades desatendidos por el gobierno.

Las denuncias contra el primogénito y el hermano del presidente por supuesta solicitud y recibo de dineros de actores ligados al narcotráfico para la campaña electoral o para beneficio propio, enrarecen aún más el difícil escenario del gobierno en el trámite de sus reformas. Los partidos toman distancia de sus contenidos, la justicia aplica y fortalece sus instrumentos preventivos ante eventuales violaciones de la ley y de la Constitución, y Fiscalía y Procuraduría adelantan las investigaciones que les competen. La institucionalidad cumple con sus deberes, no solamente para intentar rescatarnos del desgobierno y el caos, sino también para evitar la repetición del triste pasado que no se olvida.