Más del 42% de la población ha quedado en la pobreza tras la pandemia, engastada además en la hegemonía del caudillo Uribe sobre los gobiernos de lo que va del siglo XXI. Exceptuando el de Santos, quien optó un acuerdo con las guerrillas y fue tildado de traidor. La divergencia que, en una democracia es motor de la política, merece ese descalificativo en mentalidades autocráticas. Y evoca la respuesta que dio Talleyrand al despótico Napoleón: “soy leal sire, pero me reservo el derecho de cambiar de amo”.

El actual presidente (Duque) que gobierna al país, no ha podido hacer lo propio. Su inefable ministro de Hacienda, el mismo del caudillo Uribe, entregó un índice Gini de concentración de la riqueza peor de lo que lo encontró. En esas reformas el 10% de los ingresos personales más altos, pagaban menos impuestos que el más modesto de sus empleados…Y esa concentración se agravaba tras cada una de sus reformas. Hizo tres, amparado en la reconocida necesidad de ajuste fiscal, en contra de los sectores medios, hasta que el país estalló. En su última reforma, como un vidente trastornado decidió castigar al rubro de la salud, ¡justo cuando estalló la pandemia de coronavirus!

Sin detenerse en proporcionalidades se pretendía castigar a los pensionados, cuando de forma explícita la Constitución Nacional lo prohíbe.  Lo único que acertó a decir el ministro ante el furor desatado es que él estaba haciendo lo que pedía la OCDE. Como si esta fuese una receta y él un mandadero. También los agentes responsables de asesinar a indignados manifestantes alegaron que ellos cumplían con la ley. Pretendió que los desempleados y la pobreza fuese responsabilidad de los empleados, mientras no tocaba los intereses del 10% de los ingresos más altos. Ese modelo es insostenible y la OCDE señala las desigualdades colombianas como peligrosas.

Los trabajadores temen por sus pensiones, los pensionados también. Y el factor trabajo no es menos valioso que el del capital. A los rentistas esto poco les preocupa, pero el “acuerdo en lo fundamental” que se logró precariamente en la Constitución de 1991 dice: “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo.” artículo 48. Y esto no se ha cumplido. Carrasquilla bajo el gobierno Uribe le quitó una prima anual a que tenían derecho. Mientras en seguida aumentó en forma sustancial los ingresos de los altos burócratas del estado incluyendo magistrados. Inútil detenerse en las peripecias penales del exministro con unos bonos de agua que perjudicaron a varios municipios del país que creyeron en sus consejos. Pero si hacer notar que la gran tradición republicana de los ministros de hacienda, ha estado por encima de esas peripecias.

El gobierno Duque ha hecho amagos de militarizar las protestas populares. Mientras bajo la hegemonía mencionada ha habido desfalcos estatales billonarios como los de Reficar, Hidroituango, Odebrecht. 

Las movilizaciones populares revelan, además, la crisis general de los partidos y la inoperancia del congreso.