Colombia atraviesa una crisis energética provocada por la incompetencia del presidente Gustavo Petro y sus ministros de Minas y Energía. En los recorridos por distintas regiones del país, la inseguridad ciudadana sigue siendo la mayor preocupación, pero ahora se suma un nuevo temor: la seguridad energética.

Las decisiones erráticas del llamado “gobierno del cambio” han puesto en jaque la soberanía energética del país. Todos los avances de administraciones anteriores en energías renovables, pilotos de fracking y aumento de la producción de hidrocarburos han sido frenados o están en riesgo de desaparecer.

En sus 31 meses de mandato, Petro solo ha tomado una decisión en materia de hidrocarburos: no firmar más contratos de exploración. Este bloqueo ha paralizado el crecimiento de las reservas probadas de gas natural, un recurso fundamental no solo para la llamada “transición energética”, sino también para la vida cotidiana de 12 millones de hogares, así como para la industria, el comercio y el transporte.

Desde el Congreso, los gremios y la academia se ha advertido insistentemente que esta política nos llevaría a una crisis de desabastecimiento que nos obligaría a depender energéticamente de otro país. La historia reciente de Europa, afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, es un claro ejemplo del desastre que supone depender del suministro externo de gas.

Hoy, esa advertencia es una realidad. La factura del gas aumentará hasta un 36%, golpeando especialmente a los habitantes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales y Pereira. Este incremento se debe a la necesidad de importar gas y a que las nuevas fuentes de suministro están en la Costa Caribe, lo que encarece aún más los costos de transporte. Mientras la oferta nacional siga siendo insuficiente, los precios seguirán subiendo, como lo confirman los reportes de la UPME y el Ministerio de Minas y Energía.

El petrismo está diseñando el apagón perfecto. Los años 2026, 2027, 2028 y 2029 serán críticos. La ineficiencia de la UPME en la aprobación de puntos de conexión, la parálisis en los pagos a las generadoras -que ya acumulan una deuda de 7 billones de pesos- y los decretos que frenan el sector están llevando a un colapso inminente. A esto se suman las consultas previas, convertidas en un obstáculo para más de 20.000 proyectos en el país.

Si llegamos a un apagón, el costo será de 200.000 millones de pesos por hora, un golpe devastador para la economía. Además, se pondría en riesgo un sector que genera 500.000 empleos directos y que es clave para los recursos del Sistema General de Regalías.

El gobierno de Petro no solo amenaza la seguridad, la economía y la institucionalidad del país, sino que ahora también nos lleva directo al colapso energético. Colombia no puede seguir en manos de la improvisación y la negligencia. La energía es progreso, es estabilidad y es calidad de vida. Y el gobierno del cambio solo ha traído retroceso.