La torpeza siempre ha distinguido a los sátrapas que no saben auscultar las realidades que los circundan que siempre predicen los tristes destinos que les espera. Así ocurrió en la Europa Oriental, después del derrumbe del muro de Berlín, y así cayeron una tras otra las dictaduras militares en la América Latina. Hoy el turno le correspondió al oprobioso régimen chavista y mañana seguramente afectará a los dantescos regímenes de Cuba y Nicaragua.

Maduro y su séquito pensaron que podían impunemente repetir las tramoyas, inhabilitaciones y persecuciones que ejecutaron y desplegaron en los debates electorales del 2013 y 2018. No modificaron ni en un ápice el catálogo de arbitrariedades y de violencia con las que hicieron imposible cualquier opción que contrariara su permanencia en el poder. Con ello pensaron fortalecer los cimientos de un régimen oprobioso y delincuente que les permitiera perpetuarse, sin percatarse que el poder absoluto siempre termina por desquiciar a quienes lo ejercen. No de otra manera se puede entender que Maduro optara por desestimar las penurias infligidas a su pueblo e ignorar que sus desafueros no encuentran en Latinoamérica sino preocupación por la violencia contra el régimen democrático, valor insustituible de la Carta de la OEA que tiene como uno de sus propósitos esenciales el de promover y consolidar la democracia representativa.

Las sospechas de fraude siempre estuvieron presentes, no solo por las evidentes amenazas del gobierno y de las demás instituciones del régimen madurista, materializadas muchas veces con las detenciones arbitrarias de dirigentes y activistas, sino también por el inocultable e inmenso respaldo que los venezolanos brindaron a María Corina Machado y al candidato Edmundo González. El melancólico anuncio de los resultados y la consiguiente declaración por el CNE de los supuestamente vencedores, sin huella alguna de las actas de las mesas de votación que confirmaran las cifras anunciadas, ratificaron la consumación del latrocinio cometido y evidenciaron el desprecio del régimen por el respeto de la voluntad de los venezolanos.   

Colombia se ha sumado a la exigencia al CNE de revelar las actas de los escrutinios El canciller Murillo y posteriormente el ministro Cristo expresaron que el gobierno venezolano debe dar a conocer todas las actas finales de los escrutinios para que sean auditadas por expertos independientes que permitan determinar la veracidad de los resultados divulgados por el cuestionado CNE de Venezuela.

El propio presidente Petro, después de un silencio de varios días, se sumó a la necesidad de contar con “una veeduría internacional profesional, cuyos resultados deben ser acatados por todos los venezolanos y respaldados por la comunidad internacional”, para disipar las diferencias con las copias de las actas en poder de la oposición que afectan los resultados oficiales e impiden cualquier reconocimiento democrático.

Sorprende entonces que Petro haya instruido al embajador colombiano ante la OEA para liderar el abstencionismo que derrotó el proyecto de resolución que instaba al CNE a publicar los resultados de la votación en cada mesa de votación, con lo que se dejó en manos del Tribunal Supremo de Venezuela, que aduce el hackeo a su página, para asegurar la total seguridad de su incumplimiento.

El robo se consumó y desde hoy se convierte en ejemplo a seguir por los aspirantes a sátrapa. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela al tiempo que María Corina Machado teme por su vida e ingresa a la clandestinidad. Un nuevo escenario asoma que no podemos soslayar.