El proceso para las elecciones regionales y municipales de octubre se anticipa como el de mayores amenazas de violencia en la historia reciente del país, sin que el gobierno se haya preocupado por adoptar medidas de prevención y protección que fortalezcan las condiciones de seguridad de autoridades, candidatos y electores, y permitan su desarrollo con todas las garantías que exigen el respeto de los derechos fundamentales.

Son muchas y reiteradas las preocupaciones que se han expresado con innegable sustento en la realidad cuotidiana. Alcaldes, concejales, personeros, presidentes de Juntas de Acción Comunal, se han visto constreñidos a abandonar muchos de sus municipios en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Guainía, Norte de Santander, Santander y Tolima.

La MOE, los gobernadores, la Defensoría del Pueblo y hasta el CNE han solicitado al gobierno intervenir para que los actores armados no manipulen las elecciones, sin lograr que se inmute el Ministro de Defensa, ni se alarme el del Interior.

Impávidos y ciegos, pretenden ignorar las modalidades con las que las organizaciones criminales beneficiarias de ceses al fuego, y el Eln, someten a la población civil: caracterizan y empadronan a los habitantes; obligan a los ciudadanos a inscribir sus cedulas; señalan partidos y candidatos vedados en sus territorios, indicando así por quienes votar. Con ello, se alienta a los forajidos a convertirse en árbitros que determinen los resultados electorales, y les facilita la instrumentalización de los diferentes sectores de la ciudadanía. No sorprenden entonces los repetidos secuestros de destacamentos de la Fuerza Pública en cumplimiento de legítimas tareas de mantenimiento del orden público, ni las extorsiones a los candidatos, a las autoridades, comerciantes, contratistas, empresarios, ganaderos y a la población en general.

No resulta entonces descabellada la sospecha de que tanta desatención del gobierno pueda relacionarse con la política de paz total y los alcances de las modalidades de participación ciudadana que en ella se privilegian, con carácter vinculante, para acuerdos parciales de inmediata ejecución en los procesos de paz con todos los alzados en armas, puesto que coinciden con la permisividad concedida a las organizaciones criminales en el proceso electoral.

La estrategia del gobierno, abstenerse de poner orden y seguridad en los territorios, exige prometer la satisfacción de todas las fallidas esperanzas para evitar que eventuales resultados electorales adversos se conviertan en plebiscitos ciudadanos sobre la ineficacia e ineptitud del gobierno del cambio. Lo que empezó en La Guajira se extenderá a todo el país a modo de bazar de ilusiones.

Los partidos políticos no pueden engañarse sobre las consecuencias del resultado electoral de octubre. Debatir sobre las urgencias y anhelos de las regiones no desvanece los imperativos del inmediato futuro de la nación. Las coaliciones no pueden prestarse para lecturas equivocas, sino reflejar las esperanzas para superar el incierto porvenir que el Pacto histórico pretende imponernos. Así se logró poner fin a las guerras civiles del siglo 19, así se tejió la reconciliación en el Frente Nacional, así se elaboró la Constitución vigente para perfeccionar los derechos y libertades cuya vigencia hoy reclamamos.