Democracia municipal
Alexis de Tocqueville sostiene que el municipio es la escuela de la democracia, tesis que parte del estudio de esta institución que se remontan a Roma, Grecia y luego al continente americano, durante la colonia española.
Esta entidad, político-administrativa, promotora de intereses colectivos, invade el ámbito estatal y de ahí que no sean pocos los conflictos que han tenido estos dos centros de decisión. La práctica ha reconocido la autonomía municipal a fin de facilitar la satisfacción de necesidades locales que los vecinos están, generalmente, en mejores condiciones de conocer y resolver. Ella es una de las justificaciones de la descentralización municipal.
Para que esa administración de intereses municipales satisfaga a todos los vecinos y no a unas parcialidades, debe asegurarse y promoverse la participación ciudadana. Para alcanzar tal objetivo las Constituciones modernas han reglamentado diversas formas, entre esas el cabildo abierto y la consulta popular; además los Concejos Administrativos Municipales, en los cuales deben tener asiento los representantes de los vecinos, elegidos por el voto directo.
Pues bien, la síntesis apretada viene a cuento a raíz de la decisión del burgomaestre capitalino, Gustavo Petro, que prohíbe el tráfico de vehículos por la carrera 7ª de la ciudad, mas conocida como la Calle Real. En términos concretos, resolvió “peatonalizarla”.
Sin juzgar acerca de la bondad de la medida de policía decretada, independientemente del caos vehicular que se ha organizado en el centro de la ciudad, la pregunta necesaria que se debe responder es: ¿cuenta el Alcalde con el beneplácito de los ciudadanos? ¿El Concejo de la Ciudad discutió y aprobó ese reglamento? Para que la participación ciudadana, tan importante en el ámbito municipal, como práctica democrática, no sea un homenaje a la bandera y sí una realidad, ¿lo propio no hubiese sido llevar a cabo una consulta popular y respetar la decisión de los gobernados? Hasta el momento la información que al respecto se tiene es que la determinación fue un acto de gobierno del señor Petro, fundada en algún inciso de un parágrafo de una ley desconocida, como muchas de las que el Congreso aprueba para entregarles facultades a los alcaldes municipales, creyendo los legisladores que estas autoridades elegidas democráticamente ejercen democráticamente el poder que se les entrega.
Las experiencias de los últimos años y en cuanto tiene que ver con el acierto y consenso popular, respecto de las decisiones que toman los Alcaldes Mayores de la capital de la República, está en duda. Para el futuro, este tipo de medidas deben incluirse y anunciarse sin subterfugios en el programa de gobierno que los candidatos a la alcaldía presentan al electorado para no sorprender a los ciudadanos del común. ¿Acaso, si el señor Petro en su programa hubiese anunciado la clausura de las corridas de toros o la “peatonalización” de la Calle Real la votación obtenida en el debate electoral hubiese sido la misma? Tal vez no.