Gravar los productos de la canasta familiar es una medida muy poco popular. ¿Cómo estarán las finanzas del Estado, que toca ir a buscar recursos entre el pan, el arroz y los huevos? La propuesta del gobierno denota no falta de creatividad, sino un principio de realidad que nos tenemos que tomar muy en serio: ¿Colombia está quebrada?

La relación entre corrupción y el alza de impuestos es muy cercana, pero no es fácil hacer el rastro mediante un ejercicio concreto porque las evidencias se nos escurren entre las manos. Colombia es un país que no ha podido desde su fundación tener un recaudo impositivo porque la evasión es muy alta, pero la pobreza también, y estamos llenos de corruptos.

La situación fiscal del país es muy delicada, pues faltan para la vigencia fiscal del 2019, $14 billones. La robadera del presupuesto se debe acabar. Los congresistas y altos funcionarios nacionales, regionales y locales no pueden seguir sacando plata del presupuesto de las entidades como si las entidades fueran su sucursal bancaria personal. Cuando hay tanta impunidad y se sugiere un cobro de impuestos, la sensación en la economía es de indignación y las expectativas afectan el gasto de los hogares.

Una manera de contrarrestar esa indignación del alza en los impuestos es metiendo a la cárcel a los corruptos que tuvieron a su cargo presupuesto público y se lo robaron o lo dejaron robar. Del gobierno anterior hay varios haciendo fila para que la Procuraduría y la Fiscalía ejerzan con contundencia su labor. Pero para que haya respaldo popular, con todo y lo antipático que resulta el incremento impositivo, se necesita austeridad probada en el gasto, priorización eficiente de programas públicos y determinación del sistema judicial en defender a la sociedad de los hampones que se nos roban la plata confiados en que no les va a pasar nada.

La semana pasada, la Alcaldía de Bogotá logró la aprobación del impuesto de la valorización para la ciudad por parte del Concejo Distrital, solicitando un total de un billón de pesos para invertirlo en obras en tres grandes ejes. Uno de ellos el Córdoba que va desde la calle 100 hasta la calle 183, entre la Avenida Boyacá y la Autopista. En este sector se pretende invertir 300 mil millones de pesos para ejecutar obras. Esa cifra es el equivalente a los edificios que no salieron de la tierra en el Sena y el costo exacto de la consulta anticorrupción. Dos ejemplos claros, uno de posible corrupción, y otro de gasto innecesario.

Cobrar IVA a la canasta familiar es tocar la creatividad de las mamás. Frente a un aumento de los precios, las mujeres administradoras del hogar, que somos tan hábiles, redistribuiremos el gasto tratando de no afectar el rubro de alimentos. Pero si toca reducir porciones de comida, quiere decir que se corre el riesgo de un desbalance calórico en la nutrición diaria de la población más vulnerable de los colombianos, es decir, los niños y como los hogares no van a aumentar sus ingresos, la reducción del consumo puede generar un desestímulo en la demanda y por ende un efecto negativo en el PIB. 

La situación fiscal es muy grave y hay que tener muy claro que no fue producida por el gobierno del Presidente Iván Duque. Nos salió cara la paz, ¿no?