En estos momentos de inmensa incertidumbre económica, política e institucional, vale la pena dar un paso atrás para entender los fenómenos que más limitan nuestro desarrollo. Como muchos países en la región, Colombia vivió en los últimos cien años un proceso de urbanización extremadamente rápido, impulsado en parte por la violencia y en parte por una política económica que favorecía a la industrialización a expensas del desarrollo rural. Sofocado por regulaciones y restricciones comerciales, nuestro sector privado no tuvo la capacidad de absorber las grandes masas de trabajadores que llegaron a las ciudades, provocando así el surgimiento del sector informal, donde hoy trabaja la mayoría de los colombianos. 

La informalidad laboral representa uno de los mayores obstáculos al desarrollo de nuestro país. Las empresas informales tienden a ser menos productivas que las formales y a tener menor potencial de crecimiento, ya que carecen de acceso pleno al sector financiero y a la seguridad jurídica necesaria para tomar decisiones arriesgadas.

En los países mayoritariamente informales, también sufre la productividad de las empresas formales, ya que es mucho más difícil cosechar los frutos de cualquier innovación o inversión en capital humano cuando se compite asimétricamente contra actores que no siempre respetan la propiedad intelectual y las regulaciones laborales. En parte por eso, la cultura empresarial de nuestros países tiende a ser menos innovadora que la del mundo desarrollado, a pesar de los admirables esfuerzos de nuestros más destacados emprendedores.

Afortunadamente, Colombia ha venido derrotando a la informalidad de manera gradual pero constante en los últimos catorce años. Combinando datos del Dane y el Banco Mundial, se puede estimar que en el año 2009 aproximadamente un 69% de la fuerza laboral colombiana trabajaba en el sector informal, comparado con un 57% en 2023. Durante este periodo, el país percibió una reducción leve en la informalidad cada año, independientemente del presidente de turno o las expectativas políticas. Las únicas excepciones a esta regla fueron el 2015, el 2018 y el 2020, marcados por el colapso de los precios de las materias primas, la aceleración de la crisis migratoria venezolana y la pandemia del covid-19, respectivamente. En cada uno de estos casos, hubo una recuperación rápida en el año siguiente hacia la tendencia positiva de los años anteriores.

De seguir con esta trayectoria, alcanzaremos una mayoría formalizada dentro de los próximos diez años. En menos de un cuarto de siglo -lo que demarca una generación- la realidad de la gran mayoría de los trabajadores colombianos sería el empleo formal dentro de un sistema de mercado moderno, un logro sin precedentes en la historia económica del país.

Para llegar hasta ese futuro, necesitamos conservar e intensificar las fortalezas que nos han permitido consolidar la economía formal que tenemos hoy. Necesitamos profundizar nuestra dedicación al libre comercio, el libre mercado y la estabilidad macroeconómica, todos esenciales para la construcción de empresas competitivas y resilientes. Necesitamos impulsar la confianza inversionista al hacer del crecimiento una política de estado, cuyo rumbo no será sujeto a los resultados de una elección o los caprichos de un gobernante.

Necesitamos recuperar el Estado de Derecho donde este ha perdido terreno, porque únicamente los ciudadanos libres y seguros pueden aprovechar al máximo su potencial. Ante todo, necesitamos dejar claro que no toleraremos ningún retroceso cuyo efecto sea debilitar a la economía nacional para favorecer a los intereses de los demagogos, los delincuentes y los dictadores extranjeros. La respuesta a la informalidad siempre será la institucionalidad.