Justificada desconfianza

Naturalmente, el último mensaje de las Farc al Gobierno y al país ha devuelto a las familias de los secuestrados miembros de la Fuerza Pública las esperanzas de su regreso.
Además, el compromiso que la guerrilla dice contraer en el sentido de poner fin a la abominable práctica del secuestro extorsivo ha generado la expectativa de unas posibles negociaciones de paz.
Aunque, desde luego, el camino del diálogo es -y ha sido en varios países- mucho más fructífero que la política de sangre y fuego para acabar con el conflicto armado, la actitud del presidente Santos ante el comunicado de las Farc es la más prudente, pues en su condición de Jefe de Estado y de supremo director de los procesos en materia de orden público, no puede precipitarse a iniciar contacto alguno con miras a negociaciones mientras no tenga una certeza sobre la sinceridad del comunicado.
El Presidente estima que lo expresado en el documento no es suficiente para iniciar conversaciones.
Esa cautela presidencial se explica fácilmente en cuanto la experiencia nos enseña que la mencionada organización subversiva no ha mostrado propiamente su buena fe en propuestas anteriores. Hace diez años, aprovechando la buena voluntad del Gobierno de la época, dejaron a un Presidente de la República plantado en el Caguán, esperando a “Tirofijo”, que nunca llegó, y siguieron secuestrando y matando, y engañando al Gobierno, hasta acabar con la paciencia del doctor Pastrana.
En la actual propuesta hay una contradicción de bulto: afirman los guerrilleros que no habrá más secuestros con fines de extorsión, pero solamente anuncian la liberación de los miembros de la Fuerza Pública y guardan silencio en relación con los muchos secuestrados civiles que permanecen en su poder precisamente para exigir a las familias el pago de cuantiosas recompensas.
Eso es algo que no entendemos, porque significa comprometerse a abandonar desde ya los plagios con móvil económico pero prolongando indefinidamente el cautiverio de personas en desarrollo del mismo delito, que por definición es un punible continuado: se sigue cometiendo mientras la víctima permanezca privada de su libertad.
Si la voluntad de paz a ese respecto fuera coherente, la acompañaría por pura lógica una efectiva entrega inmediata de todos los secuestrados, sin rescate alguno.
La actitud que se desprende del comunicado da lugar, entonces, a fundadas reservas en torno del genuino propósito de sus autores, y a una justificada desconfianza del Ejecutivo.