La aritmética presupuestal

En el mensaje que envió el Gobierno al Congreso, y que acompaña el proyecto de presupuesto para el 2015, puede leerse lo siguiente:

“Es importante señalar que este proyecto de presupuesto no está financiado en su totalidad, por lo que será necesario acudir al mecanismo previsto en el artículo 347 de nuestra Constitución Políitca”.

Es una manera elegante de anunciar que se viene una nueva reforma tributaria que se  presentará en los próximos días al Congreso. De tal manera que esté aprobada antes de terminar el año en curso, para que su producido pueda servir como fuente de financiamiento del faltante presupuestal en la vigencia del 2015. Se ha estimado que el faltante por financiar en el presupuesto del año entrante (aunque el mensaje no es suficientemente explícito al respecto) es de 12,5 billones de pesos.

Hay dos candidatos naturales para aportar parte de los recursos  faltantes a la financiación del presupuesto del año entrante: la prórroga del impuesto a las transacciones financieras y la del impuesto al patrimonio. De hecho el Gobierno ya lo ha anunciado así. La vigencia de ambos tributos expiraba este año de 2014, y serán prorrogados en consecuencia. El Ministro de Hacienda le ha dicho a la revista Dinero que, aun prorrogando estos dos impuestos, queda un faltante por financiar para el año entrante de un billón de pesos. Pero acontece que la prórroga de estos dos tributos no alcanza a enjugar la totalidad del faltante estimado para el presupuesto del año entrante. Se calcula que su producido en el mejor de los casos será de un punto del PIB. Mientras que las rentas de capital se verán deterioradas por concepto de los menores dividendos que el Gobierno central recibirá en el 2015 de Ecopetrol, como resultado de la caída de utilidades de este último.

Se ha hablado por parte del Gobierno que otra fuente de financiamiento presupuestal podría ser una reforma constitucional que permitiera abrirle paso a una amnistía de capitales (posibilidad que quedó cerrada con un reciente fallo de la Corte Constitucional). Pero si el camino que hay que escoger para ello es una enmienda constitucional, evidentemente ella no estará lista para generar recursos disponibles para el año fiscal 2015.

Tampoco es posible en el 2015 financiar el faltante presupuestal previsto con más endeudamiento. La camisa de fuerza de la llamada “regla fiscal” (Ley 1473 del 2011), que impone unos déficit máximos que no se pueden sobrepasar, impide que el faltante o parte de él sea llenado con más endeudamiento.

Algunos centros de investigación como Fedesarrollo y ANIF consideran que la nueva reforma tributaria deberá recaudar a través de ingresos tributarios frescos, no menos del 2% del PIB para poder atender -sin desquiciar las metas globales de la regla fiscal- los compromisos de gasto inerciales y los nuevos que surgen de los compromisos adquiridos durante la campaña por el presidente Santos.

La situación no es  desesperada; es desde luego manejable. Pero requerirá de una reforma tributaria mucho más drástica que simplemente prorrogar el impuesto a las transacciones financieras y el del patrimonio. Y sobre esto el Gobierno deberá dar mucha más claridad en los próximos días de la que ha suministrado hasta la fecha. El tema apenas lo ha paisajeado.

La nueva reforma tributaria deberá, además, cuidar el propósito de la equidad. La última reforma (Ley 1607 de 2012), contrariamente a lo que se quería, resultó tremendamente gravosa para las clases medias y asalariadas. Así lo atestiguan los pocos estudios serios que sobre sus efectos se han elaborado a la fecha.

Ojalá el Gobierno  presente y  explique pronto la reforma. Y no olvide que no solo hay que recaudar más recursos, sino que hay que hacerlo con equidad.