No ha pasado mucho tiempo de la suspensión y volvemos a poner sobre el tapete la aspersión aérea. Lo sabíamos y esperábamos, pues el tema nunca ha sido improvisado, como algunos lo han sugerido; por el contrario, los que tuvimos la oportunidad de asistir al proceso para lograr la autorización de fumigar sembrados de marihuana sabemos la cantidad de obstáculos que varios estamentos del gobierno, con sus funcionarios a la cabeza interpusieron antes de autorizar esta práctica, y no vamos a insinuar que los inspiraran intereses mezquinos o personales, no, aquellos cumplieron sus obligaciones mostrándose exigentes y profesionales a más de responsables de sus decisiones en aquellos momentos. Lo cierto es que se autorizó la aspersión aérea para combatir en un principio la marihuana y, ante el incremento de sembrados con plantas de coca, se hizo necesario extender el programa para cubrir esa nueva amenaza.
Fueron muchos los cambios que se debieron surtir, desde el herbicida hasta el tipo de aviones y el auxilio del gobierno americano fue decisivo en esta operación, pues se convirtió en aliado incondicional del gobierno colombiano, que declaró la cruzada contra los sembrados de marihuana y coca que amenazaban inundar el país. Riesgosos momentos vivieron los hombres comprometidos en esta lucha.
Como se escuchan voces que pregonan un desastre los resultados de estas tareas contra el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de drogas en Colombia, les quiero llamar la atención e invitar a evaluar qué hubiera sido de nuestro país sin la aspersión aérea. Es posible que no lo quieran reconocer, pero el crecimiento de cultivos estuvo controlado, por muchos años, con la fumigación aérea y a lo mejor faltaron tareas que complementaran este trabajo como la sustitución voluntaria y demás estrategias que hoy hacen parte de la política antidrogas; pero fue y es importante,- no lo podemos negar-. Por eso doy la razón al Señor Fiscal General de la Nación en el sentido de que ese recurso no se puede desestimar y los resultados lo han demostrado, especialmente en estas últimas mediciones.
Ahora urge que la tecnología juegue un papel importante en la política integral que demanda el Fiscal General y como se habla de aspersión con drones sería ideal que la fuerza pública se vaya preparando para implementar en sus filas esta especialidad, que solo demanda formación de operarios y auxiliares para cubrir los sectores escogidos de acuerdo las exigencia del memento. No es necesario recurrir a empresas ni organizaciones que efectúen la aspersión. Tengo la experiencia que me autoriza para recomendar la formación de grupos, la compra de equipos y diseño del programa; la capacitación del personal reducirá costos y los fabricantes pueden impartir la instrucción. El resto es desarrollar el programa minimizando riesgos; las instituciones pueden cubrir la logística y seguridad de la operación.