El delirante discurso del presidente el miércoles pasado es la más elocuente expresión del inmenso desasosiego al que lo han conducido sus propios y constantes errores. Nueve meses después de su posesión, Petro y sus alfiles se han encargado de destrozar la confianza y credibilidad sobre sus populistas promesas electorales que erróneamente confunden con un mandato de ineludible cumplimiento.

De su llamado a la unidad y al entendimiento no permanecen sino los escombros de sus erráticos comportamientos. Rodeado únicamente de sus iluminados partisanos, desgobierna un país que acumula desilusiones y aprehensiones superiores a las que pudo haber vivido en el pasado reciente. Las revelaciones de Benedetti confirman las sospechas acumuladas sobre el talante de los nuevos gobernantes.

No extraña entonces su diatriba contra los medios de comunicación y los periodistas, en la que ha sido repetitivo en los últimos meses y con la que estimula la criminalización de la prensa y los medios, como se observó el miércoles en los carteles de los manifestantes. No es el primer ataque presidencial a los medios con los que han multiplicado las amenazas a periodistas, sin respuestas del gobierno para protegerlos. Con la injustificada agresión directa a la revista Semana, hoy pretende destruir lo que tanto decía amar y defender. Caricaturesca, además, la descalificación de las encuestas consideradas como un eslabón más en la tarea de afectar el supuesto apoyo popular al gobierno.

En su encendido discurso, rodeado de sus ministros y de su vicepresidenta, prometió un sistema de gobierno ajeno a los mandatos constitucionales, concebido como una difusa alianza presidencia-pueblo que pretende encarnar en asambleas populares en todos los municipios de Colombia para que gobiernen sus territorios, con aparente olvido de que en más de 700 municipios hoy imperan el Eln, el Clan del Golfo, Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Asambleas de enorme parecido a la de los mecanismos de participación que propugna el Eln para convenir un nuevo régimen político y su modelo económico.

Inquieta la reunión de este viernes en Cuba con el Eln de un presidente en apuros con una organización criminal empoderada, precedida además por el silencio del presidente y su gobierno ante las suplicas de gobernadores y alcaldes por el estado de indefensión de las comunidades que regentan ante el poder armado de las organizaciones criminales.

El precoz desencanto de la opinión con los desaciertos del gobierno no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Pero imaginar conspiraciones para afectar el régimen constitucional es una quimera sin asidero, fruto de la desesperación de un ejecutivo en aprietos. Difundir la posibilidad de un golpe blando, como lo repite el presidente, solo logra despertar la sospecha de una recóndita intención de un gobierno de procurarlo suponiéndola del agrado de los beneficiarios de la mentada paz total.

La institucionalidad enfrenta el mayor reto para conjurar el desmonte del régimen democrático. El Congreso, la Justicia y los Órganos de Control deben ejercer con toda responsabilidad y transparencia sus atribuciones constitucionales. Es la resolución que todos deseamos para una crisis que el propio gobierno forjó.