El país ha entrado en una espiral de desaciertos del presidente que han exacerbado la violencia que hoy se manifiesta sin control en distintos ámbitos y territorios del país. Nada parece vedado a la multiplicación de escenarios en los que se violan los más elementales derechos ciudadanos y las competencias institucionales, con la inaudita complacencia del núcleo duro del Pacto Histórico, con el atemorizado silencio de quienes aún esperan actos de contrición imposibles y con el estremecedor lamento de sus inocentes víctimas.

En vez de gobernar prefiere desencadenar acciones y conductas que mantengan en vilo la seguridad y la convivencia pacífica y expandan cortinas de humo sobre las investigaciones que lo cercan y limitan sus ansias de perpetuarse en el poder. Se siente cómodo en medio de los conflictos que desata a pesar de la natural propensión de los ciudadanos a la paz y a la tranquilidad que constituye el deseado espacio para el desarrollo de sus vidas.

Por ello, hoy extiende su manto sobre la autonomía universitaria pretendiendo convertir los claustros en santuarios de delincuentes que hagan imposible la resolución pacífica de las diferencias y prohíban los naturales debates que las ciencias exigen para su desenvolvimiento. Coarta las libertades de pensar y de expresarse para señalar que fuera del mandato providencial del presidente no hay salvación para una sociedad a la que se le prohíbe el lujo de aportar soluciones, o aún el de ser díscola.

Cuando arden el Cauca, el Valle del Cauca y crece el control territorial de las dialogantes organizaciones criminales en supuestas tratativas para una paz total, emprende viaje al exterior para disertar sobre la paz en Gaza o en Ucrania, sin importarle que la paz en Colombia carece de rumbo y de posibilidades por incapacidad del presidente de configurar un acervo estratégico político, indispensable para la acción de las Fuerzas Armadas y que, por su esencia, ninguna institución puede proveerle. Los atentados en Jamundí despertaron la preocupación del secretario de la COP-16 a celebrarse en Cali, cuando expresó que la seguridad de los delegados, más de 12000 visitantes, es la máxima prioridad para la ONU y por ello se mantienen bajo constante revisión de la situación. Petro parece olvidar que soldado advertido no muere en guerra.

En dos años el gobierno se encuentra desfinanciado, pero prohíbe las exportaciones de carbón a Israel, que representan 650.000 millones de pesos anuales, hasta que “se detenga el genocidio” incumpliendo compromisos internacionales que tendrán impacto sobre el desarrollo del país. Cayeron la inversión y el ahorro y por lo tanto el recaudo de impuestos se contrajo drásticamente. El faltante presupuestal superó los 60 billones que no se recuperan con las medidas de disminución del gasto de solo 20 millones. La incompetencia de muchos de los ministros parece calcada de la gestión presidencial que parece dañar todo lo que toca. El Congreso de los Estados Unidos se apresta a un recorte sustancial de la ayuda.

Nada de eso alterará las acciones y objetivos del presidente. Seguirá en campaña enardeciendo a sus más radicales partidarios, mientras Laura Sarabia trata de administrar el día a día, y los más avisados miembros del gabinete intenten limitar errores y sus consecuencias. La adversidad toca a la puerta y con ella la incertidumbre, pero ni Petro se conmueve ni la oposición se torna creativa. De seguir así, pobre destino el que nos espera.