![Nuevo Siglo Nuevo Siglo](/sites/default/files/2016-07/Hugo%20Quintero%20Bernate_0.jpg)
Tal como lo deseaban con su acostumbrado oportunismo los candidatos de la oposición al proceso de paz y al gobierno del presidente Santos, las autoridades de los Estados Unidos de América acaban de sacar el garrote de la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico para castigarnos por el incremento de los cultivos de coca en territorio colombiano.
La actitud de los Estados Unidos de América no sorprende. Es más, lo que sorprende es que se hayan demorado tanto en la emisión de la amenaza. Colombia es el lugar perfecto para que un presidente estadounidense, cuya visión del país es la que ha aprendido a través de las películas gringas y las series nacionales que tal vez vea por Netflix, ejerza todas sus malas maneras de matón de barrio.
Desde “Daño Colateral” hasta “Narcos”, pasando por “Peligro Inminente”, la cultura popular norteamericana siempre ha promovido una imagen caricaturesca de Colombia, donde todos somos narcotrafçicantes y todas las autoridades son corruptas. Si hay alguien honrado no lo es por colombiano, sino por trabajar con la DEA, la CIA o cualquiera de las agencias estadounidenses.
Más allá de imágenes y estereotipos, la realidad del incremento de los cultivos ilícitos es una verdad que no puede ocultarse. Y ha ocurrido porque Colombia, con buen tino, decidió variar la estrategia, ya sea por voluntad política o por imposición jurisprudencial. Pero la virtud del cambio de estrategia se quedó sin una propuesta alternativa que le impida a los cocaleros seguir dependiendo de la “mata que mata”.
Desde el centralismo bogotano o desde las oficinas de Washington es facil resolver el problema del cultivo de coca o amapola, con un discurso maniqueo que atribuye a los campesinos una maldad intrínseca que los hace sembrar coca, solo para “envenenar” a la población estadounidense, que, según ellos, no tendría semejantes índices de drogadicción, de no existir la oferta que proviene de esos cultivos.
Pero el problema es otro. Es de pura sobrevivencia. Mientras el Estado no sea capaz de proporcionar a los campesinos alternativas reales para que se dediquen a otros cultivos, siempre habrá gente dispuesta a ir monte más adentro para sembrar y sobrevivir. Porque eso es lo que hacen los campesinos cocaleros. A duras penas sobreviven con lo que les pagan los traficantes o las distintas organizaciones armadas que los explotan. No se sabe del primer raspachin o cultivador que se haya enriquecido.
Se suponía que con el Acuerdo de Paz la erradicación manual sería menos dificil al no existir el riesgo de las Farc asesinando erradicadores. Pero, como está ocurriendo con otros puntos del Acuerdo, al Estado le está quedando grande pasar del dicho al hecho. Al no ofrecer alternativas económicas, lo que se erradica en un lado, se siembra en otro.
Está bien que se enojen con los gringos por la amenaza, pero el incremento de las hectáreas sembradas también es un problema grave para nosotros. Con o sin Farc, el narcotráfico sigue siendo una seria amenaza contra nuestra seguridad nacional, de modo que es mejor ponernos serios.
@Quinternatte