Entre nosotros, la tradición de respeto a las leyes y el derecho es más antigua que la misma existencia de la República, puesto que la formación del nuevo orden hispanoamericano se fundamenta en la tradición jurídica romano-española, que produce las Siete Partidas, así como se manejaron instituciones democráticas como los cabildos. Las ciudades hispanoamericanas se planifican y siguen estrictas normas de urbanismo de orden cuadriculado en torno a la plaza principal, donde se levanta la alcaldía, el ayuntamiento, la Iglesia, el colegio, la universidad y otras residencias. En estas ciudades, los aguaciles municipales mantienen la autoridad, lo que facilita que impere el orden citadino por trescientos años…

En regiones donde hasta hace poco predominaba la barbarie, en escalas que dependían del respectivo grado de evolución de las tribus de la época y en los resguardos indígenas, se mantenía la autoridad de los caciques. Como parte de las ordenanzas venia de España se dejaba a los jueces y funcionarios, que en determinados casos, la real orden se postergara, invocando el famoso: se obedece más no se cumple. Ocurría qué, a veces, resultaban imposibles de cumplir. Alguna vez le llegó a la máxima autoridad de Santa Marta la ordenanza de aniquilar la tribu de los comejenes. Por un malentendido, las autoridades peninsulares tuvieron a los comejenes, que destruían mobiliario y enseres, por bravos y peligrosos guerreros. Tan pronto como el funcionario informa del pintoresco caso se modificó la decisión.

Entonces, como sostenía con propiedad Alfonso López Michelsen, en su famosa introducción al derecho constitucional colombiano, se trataba de un antecedente de lo que conocemos hoy como control jurisprudencial.

Pesaban las órdenes religiosas y los virreyes, capitanes generales, como presidentes y adelantados, que seguían las ordenanzas reales en materia de gobierno y como las Siete Partidas. En los cabildos se dictaban las normas para el bienestar de los habitantes, con tendencia en general favorable al bien común. Eso quiere decir que en nuestra región imperó el derecho de Castilla, desde los primeros tiempos. Es precisamente ese triunfo del derecho y el influjo religioso, el que permite que viviésemos 300 años en orden y paz. Para consagrar la autoridad, varios altos funcionarios de esos tiempos sufrieron el famoso juicio de residencia, lo que determina a la justicia a llevarlos encadenados a la Metrópoli, donde algunos fueron condenados a muerte. En trescientos años las ciudades americanas crecen y se desarrollan en orden, creando colegios y universidades de primera, donde se inculca el respeto al derecho. En cierta forma, podemos decir que el nuevo orden americano se sustenta en la espada y en el derecho. En el caso particular de los indígenas, por cuenta de la reina Isabel I y de Carlos V, ordenan protegerlos y que les den un trato digno.

En el pensamiento político del Libertador el derecho es pilar fundamental. Asume la dictadura en determinadas ocasiones, forzado por las circunstancias, tanto aquí como en Venezuela o el Perú, mas siempre a la romana, es decir, de manera temporal, para restaurar el orden constitucional. Y del Libertador Simón Bolívar heredamos el nuevo orden conservador republicano. El más ilustre conservador de nuestra región fue el Libertador, quién con la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Panamá, funda la Gran Colombia unitaria en reconocimiento a la hazaña inmortal de Cristóbal Colón. Mucho después viene el programa conservador partidista de Caro y Ospina, publicado en las páginas interiores del diario La Civilización del cual se celebraron en estos días 174 años.

Del Libertador heredamos el respeto por la Corte Suprema de Justicia, fundamental en sus proyectos constitucionales, lo mismo que el Consejo de Estado, que puso en funciones en nuestro país.  Quizá, en fortalecer estas jerarquías jurídicas con una Corte Constitucional, hubiese estado de acuerdo. Si bien, está última es más propia de un sistema parlamentario que de uno presidencialista, donde las leyes cumplen rigurosos trámites. Con estos antecedentes jurídicos nacionales, esas tres cortes por la meritoria calidad de sus magistrados son el último baluarte de la democracia colombiana. Contamos allí con los mejores y más respetables juristas, con la capacidad de producir los anticuerpos para castigar a los magistrados que incurren por excepción en delitos. Por lo mismo, las cortes son el último baluarte de la democracia, con la misión de blindar el Estado y defender el derecho frente a los delirios y ataques que a diario sufre por cuenta de políticas oficiales demenciales, demagógicas, perniciosas y contrarias tanto al orden como a nuestras tradiciones.