El pasado once de febrero, la organización Transparencia Internacional publicó su entrega anual del Índice de percepción de corrupción (IPC), que se ha consolidado como la principal medida de este flagelo a nivel internacional. La organización le asigna un puntaje a la mayoría de los países del mundo entre 0 y 100, donde un mayor puntaje implica menores niveles de corrupción. Contando con datos que llegan hasta el año 2024, podemos evaluar la trayectoria generalizada de nuestra región a mitad de la década del 2020. Con muy pocas y valiosas excepciones, los datos sugieren que estamos perdiendo la guerra contra la corrupción en Latinoamérica.
Comencemos por evaluar a las seis principales economías de la región: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Mientras que Colombia y Argentina lograron algunos avances en la década pasada, atribuibles a los mandatos de Iván Duque y Mauricio Macri, ninguno de los países mencionados mejoró su posición entre 2020 y 2024. Este año, Colombia sufrió su primer retroceso desde 2018, mientras que Argentina aún no se ha recuperado del deterioro institucional que produjo el gobierno de Alberto Fernández. Tanto Chile como Brasil alcanzaron puntajes mínimos históricos, retrocediendo cuatro puntos entre 2020 y 2024. México, por su parte, sufrió un retroceso de cinco puntos en el mismo periodo. Sin embargo, el caso más preocupante de todos es el de Perú, que retrocedió siete puntos en media década, pasando de ocupar el puesto 94/180 a nivel mundial al 127/180 en materia anticorrupción. La crisis política de los últimos ocho años en ese país ha distorsionado sistemáticamente la calidad de sus instituciones.
Desafortunadamente, existen pocos referentes regionales por fuera de esas seis economías. Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua han consolidado su poder y hoy son más corruptas que nunca. El régimen de Ortega es el noveno más corrupto del planeta, comparable en ese sentido a Corea del Norte, mientras que el de Maduro ocupa el tercer puesto, superado únicamente por Somalia y Sudán del Sur. Por otro lado, la corrupción está creciendo en casi todas las demás sociedades de la región, ya sea en El Salvador, Panamá, Ecuador, Bolivia o Paraguay. A lo largo y ancho del continente, en sociedades con niveles radicalmente distintos de libertad, seguridad, estabilidad y prosperidad, la corrupción está ganando terreno.
Los únicos casos de éxito dignos de destacar entre 2020 y 2024 han sido los de República Dominicana y Uruguay. Este último, que lleva décadas siendo un referente de transparencia a nivel regional, incrementó su puntaje de 71 a 76, convirtiéndose así en el país más transparente del hemisferio, inclusive por encima de Canadá. Por otro lado, República Dominicana pasó de ser un país extraordinariamente corrupto inclusive en un contexto latinoamericano, con un puntaje inferior al de cualquiera de las seis economías principales, a superar a México, Perú y Brasil, incrementando su puntaje de 28 a 36.
Tratándose de economías y sociedades tan distintas, con puntos de partida difícilmente comparables, llama la atención que ambos casos de éxito coincidieron con circunstancias políticas parecidas. En el año 2020, ambos países rompieron con los partidos hegemónicos que los habían gobernado durante los quince años anteriores, eligiendo a Luis Lacalle Pou en Uruguay y a Luis Abinader en República Dominicana. Ambos mandatarios han hecho de sus países, hoy más que nunca, baluartes de estabilidad y previsibilidad en una región turbulenta. Los demás países latinoamericanos debemos aspirar a que esa sea la norma.