El despertar del gobierno en el 2023 enfrenta turbulencias, inesperadas para muchos afines al gobernante, pero previsibles por el talante del presidente más inclinado a la imposición que a la transacción.

Llegada la hora de las grandes reformas, no se percibe la unidad que caracterizó al gobierno y a su mayoría en el Congreso durante el tiempo transcurrido entre su posesión y el final del 2022. Confrontado a emergencias climáticas que han acrecentado las inconformidades en las regiones, a los efectos de una inflación que empobrece por igual a todos y a las improvisaciones en su propuesta de la paz total, enfrenta el aumento exponencial de la inseguridad ciudadana y la paulatina pérdida de confianza en su gestión, y con ello, la imposibilidad de tramitar a pupitrazo limpio sus principales reformas en el Legislativo.

Ha optado entonces el presidente por nuevas formas de comunicación que permitan desplegar una acción más combativa, confrontativa y convertirlas en el pilar de una nueva práctica de gobernanza. Ya no serán las alocuciones desde Palacio, ni los informes sobre las actividades del Consejo de Ministros, ni las entrevistas en los medios de comunicaciones, los instrumentos preferidos para debatir sus proyectos de reforma, o de dar a conocer sus propósitos y sus logros, desestimándolos para favorecer relaciones más directas a través del uso compulsivo y beligerante del twitter y de la manifestación callejera elevada a la categoría de foro predilecto y decisorio del cambio prometido.

Son los nuevos instrumentos de la gobernanza convertida en arma intimidante, como si la democracia fuera un escenario de batalla permanente y no de búsqueda de consensos o de acuerdos que privilegien la paz social.

Las alarmas se han prendido legítimamente. Los ministros de mayor experiencia y menor exacerbación ideológica intentan priorizar los debates previos en el Consejo de Ministros para fortalecer los consensos antes de llevar las reformas al Congreso, y los congresistas más curtidos entienden el peligro de deslegitimar a una de la Ramas del Poder Público. La Justicia, a su vez, recuerda la independencia que le es consustancial y fundamento de toda estructura democrática.

A su vez, la Flip también expresó su inquietud en varios mensajes al presidente: “En su cuenta oficial el presidente corrige o reprocha a los medios por como cubren su gobierno. También califica su información como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a la prensa de manera desobligante”; y asimismo señala que “la Corte Constitucional y la Corte IDH han reiterado que los jefes de Estado en ejercicio de sus funciones, tienen limitaciones en su derecho a la libertad de expresión”.

Imponer las reformas que preconiza el ala más radical del Pacto Histórico y sus apoyos, indicaría el peligro de una deriva hacia un régimen autoritario y estatizante, como los que ya se han padecido en el continente en el siglo XX, y a los que escapamos por la capacidad de entendernos al borde del abismo.

El cambio no puede convertirse en regresar a un pasado oprobioso. A Petro hay que pedirle que gobierne y no que combata.