Cada día crece en el planeta el número de ambientalistas y consecuentemente la preocupación por el bienestar de nuestro entorno y por la conservación de nuestro hábitat; esta tendencia se nota en todo tipo de estratos sociales y se hace cada vez más fuerte en las nuevas generaciones, llegando incluso a formar grupos de presión que llegan a la violencia por defender sus ideales. No pretendo, claro está, criticar la defensa del ambiente, más bien pretendo abogar por la racionalización de los argumentos y por evitar la violencia que acaba por deslegitimar esta justa causa.

El motivo principal que lleva a esta masificación de la defensa del ambiente es, sin lugar a dudas, el instinto de supervivencia del ser humano como especie; éste, ha reconocido los síntomas propios de una especie en vías de extinción y ha decidido, aprovechando su capacidad de pensar, detener el proceso y perpetuarse como especie, mientras esto sea posible.

Existen sí varios inconvenientes que tendremos que solucionar si pretendemos lograr detener el proceso de extinción, entre ellos podríamos mencionar, a manera de ejemplo, la concepción del ambientalismo, el desconocimiento científico, la desidia del gobierno y la falta de control ambiental. Sería de justicia reconocer que hay cosas a favor como, por ejemplo; el instinto de supervivencia, el acuerdo tácito sobre la necesidad de cuidar el planeta y los esfuerzos globales por lograr metas que alarguen la expectativa de vida del ser humano en el planeta.

El diccionario de la RAE trae dos definiciones del término ambientalista, la primera hace referencia a la persona que conoce de fondo las ciencias ambientales y/o referentes al ambiente, la segunda hace referencia a las personas que luchan por la protección del medio ambiente; si bien una no excluye la otra, se hace cada día más común el que algunas personas que pretenden defender el ambiente, lo dañen por desconocimiento y con la firme creencia de que lo están haciendo bien. Entretanto, la obligación legal de incluir el tema ambiental en los currículos, se ha convertido en un requisito de forma y, con muy contadas excepciones, los docentes encargados de impartir este conocimiento no tienen la formación adecuada para hacerlo.

De otra parte, a pesar de que en Colombia la legislación ambiental es amplia y suficiente, no existe, institucionalmente hablando, un mecanismo de control que permita la correcta y completa aplicación de las normas; así las cosas, las sanciones ambientales que se aplican son muy inferiores a la cantidad de ilegalidades que se cometen.

Dado lo extenso del tema, continuaremos el próximo domingo.

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