La Contraloría General de la República anunció que apelará la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló la millonaria sanción fiscal en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar).
En su publicación, el ente de control manifestó que la decisión del tribunal, tomada por dos de los tres integrantes de la Sala correspondiente, no tomó en cuenta de manera adecuada los elementos de responsabilidad fiscal que, según la Contraloría, son plenamente evidentes.
El fallo en cuestión corresponde a un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 25000234100020220045100, en el que se debate la legalidad del fallo con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso No. 005-2017, relacionado con la ampliación y modernización de Reficar.
La Contraloría asegura que el aumento injustificado en los costos del proyecto, particularmente en el CAPEX (gastos de capital), resultó en una pérdida significativa de los recursos públicos, y que esa responsabilidad debe recaer en la administración de la refinería, los miembros de la junta directiva y los contratistas involucrados.
El comunicado señala que "el fallo con responsabilidad fiscal objeto del pronunciamiento judicial sí acreditó plenamente los elementos de la responsabilidad fiscal". Según la Contraloría, la decisión de aumento del CAPEX del Proyecto de Ampliación y Modernización de Reficar, como consecuencia de los retrasos en el cronograma y el aumento injustificado de sus costos de ejecución, derivó en la pérdida de valor de los recursos públicos invertidos.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que no se había probado el daño patrimonial al Estado, ya que no se cuantificó correctamente la inversión física del proyecto. En cuanto a la conducta de los responsables, los jueces concluyeron que no se demostró cuál actuación generó el detrimento. "La decisión de la inversión autorizada en el Control de Cambios 2, no constituye fuente de daño patrimonial", argumentó el Tribunal.
Esta decisión fue impugnada por uno de los miembros de la Sala, quien presentó un salvamento de voto, argumentando que el fallo no realizó un análisis probatorio adecuado. En este sentido, la Contraloría precisó: "Dicha providencia fue objeto de salvamento de voto por una de las integrantes de la Sala, principalmente, porque no hubo análisis probatorio."
La Contraloría, en ejercicio de su derecho al debido proceso, informó que presentará el recurso de apelación ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Con esta acción, se busca que el alto tribunal reevalúe el caso tomando en cuenta los elementos probatorios del expediente administrativo y se centre en la causa original del daño fiscal.