Tres años después de que la Contraloría General de la República anunciara sanciones contra varios exdirectivos de la Refinería de Cartagena (Reficar) por un supuesto detrimento patrimonial de casi tres billones de pesos durante la ampliación de la refinería, este martes 10 de diciembre se conoció un fallo que anula gran parte de la decisión del ente de control.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sanción que responsabilizaba a varios ejecutivos de mal manejo de los fondos destinados al proyecto de ampliación.
En su fallo, se determinó que no hubo irregularidades en la gestión de los fondos y desestimó las acusaciones de la Contraloría, lo que podría abrir la puerta a nuevas demandas por parte de los otros implicados. Esta decisión se centra en el caso de Hernando José Gómez Restrepo, exmiembro de la junta directiva de Reficar, quien impugnó la decisión de la Contraloría en 2022. La defensa de Gómez Restrepo argumentó que no hubo ilegalidades en la ampliación de los contratos, que elevaron el presupuesto del proyecto de 3.777 millones de dólares a 8.016 millones de dólares. El Tribunal respaldó esta postura, afirmando que Gómez Restrepo actuó conforme a la ley y que no existió daño patrimonial.
El fallo de la Contraloría, emitido en abril de 2021 y confirmado en septiembre de ese mismo año, había señalado que en la modernización de Reficar se incurrió en gastos no relacionados con el proyecto, baja productividad laboral, y demoras en las actividades, lo que según el ente de control causó un detrimento patrimonial. Sin embargo, el Tribunal concluyó que estos argumentos no eran sólidos y que la Contraloría utilizó pruebas incorrectas para fundamentar su fallo. Además, el Tribunal criticó los cálculos de la Contraloría, indicando que no demostraban que la junta directiva hubiese incurrido en acciones que provocaran el descalabro del proyecto.
El Tribunal también destacó que las adiciones presupuestarias fueron necesarias por razones técnicas y no por intenciones maliciosas. “En el caso en donde dichas adiciones no se hubieran efectuado, probablemente el proyecto de la refinería se hubiera detenido e incluso, podría no haber entrado en operación. Sin embargo, Reficar es actualmente una de las empresas más valiosas de Colombia”, añadió el fallo.
Este fallo, aunque beneficia únicamente a Gómez Restrepo, podría influir en los casos de otros exdirectivos de Reficar, quienes también buscan desligarse de la responsabilidad fiscal impuesta por la Contraloría. Entre ellos se encuentran los expresidentes Reyes Reinoso Yanes y Orlando Cabrales Martínez, así como varios exvicepresidentes y miembros de la junta directiva.
La decisión del Tribunal ha generado un intenso debate en los pasillos de la Contraloría, ya que pone en entredicho la credibilidad de una de las investigaciones más emblemáticas y costosas de la historia reciente del país. Aunque el Consejo de Estado aún debe revisar el fallo, la posibilidad de una cascada de demandas por parte de los exdirectivos es inminente. Estos podrían solicitar reparaciones por el daño a su reputación.
La crítica a la Contraloría
En su investigación de 2016 a 2021, la Contraloría había determinado que los 16 exejecutivos de Reficar fueron responsables del malgasto de 2,9 billones de pesos, señalando que en la ampliación de la refinería hubo gastos injustificados, baja productividad de la mano de obra, excesivos gastos en contratación de personal, y demoras en las actividades del proyecto. No obstante, el Tribunal Administrativo consideró que la Contraloría cometió errores al realizar los cálculos y no pudo probar que existiera un daño patrimonial. El fallo fue contundente al señalar que no se demostró “de manera precisa y puntual la responsabilidad del demandante” en el caso.
El Tribunal también destacó que la Contraloría no explicó de manera precisa las razones del daño patrimonial ni los actos indebidos de los ejecutivos, y subrayó que no hubo dolo ni culpa grave. “El mayor costo fue justificado”, dijo el Tribunal, y añadió que las decisiones de aumentar el presupuesto fueron necesarias para continuar con la megaobra y evitar que el proyecto se paralizara.