Resulta incomprensible que los partidos y fuerzas políticas distintas a las alineadas con los designios del poder presidencial demuestren una vez más su incapacidad para “destetarse” de sus viejas y reconocidas prácticas con las que han desatado la crisis de confiablidad en la capacidad de la institucionalidad para solventar las dificultades que naturalmente sacuden a las sociedades en los procesos de cambio. No extraña entonces que un gobernante en apremios por su incompetencia y por los reiterados escándalos que ha suscitado, paradójicamente opte por la radicalización en el escenario político sin encontrar oposición en los partidos y organizaciones políticas, económicas y sociales claramente identificadas como las víctimas principales de sus arrebatos y decisiones.

El discurso presidencial agresivo contra todos los sectores llamados al dialogo nacional se ha vuelto reiterativo, sin encontrar entre sus víctimas siquiera tímidas réplicas a semejante continua y pendenciera actitud que lo libera de toda prudencia y contención en su accionar.  Quienes deberían ejercer oposición acuden mayoritariamente a tratar de mitigar lo que es ya un rumbo trazado para la consolidación de un poder sin límites ni contrapesos, ajeno a todos los valores y principios de un régimen democrático. La condescendencia prevalece en las sesiones y decisiones del Congreso en las que el gobierno hace uso de los viejos constreñimientos que han degradado el ejercicio de la política y que se suponían tara inaceptable para toda propuesta de cambio. En el trámite de la reforma a la salud los partidos liberales y de la U y algunos conservadores cedieron a las prebendas burocráticas generosamente ofrecidas y con ello despejaron el camino para las presentes y futuras iniciativas gubernamentales.

No sorprende entonces que el gobierno se apresure también en la expedición de leyes y decretos como el reciente de la “movilización y organización campesina para la reforma agraria“ que convoca a la movilización para requerir a las bases que supuestamente eligieron al gobierno a la defensa y promoción de sus políticas, en especial a la reforma agraria, con la organización y participación de las famosas guardias, armadas y fortalecidas por el gobierno, que sembraran terror sin contención en el mundo agrario colombiano. Iniciativa que seguramente se duplicará en varios sectores de la productividad nacional.

Los impactos sobre las elecciones de octubre son incontestables, tomando en cuenta a los que se suman por la injerencia tolerada por el gobierno de las distintas organizaciones armadas ilegales, usufructuarias de la pretendida paz total, a las que se les permite el ejercicio  del constreñimiento violento al  elector, y que ha suscitado interés de algunos partidos en pactar apoyos con el pacto histórico a cambio de participación burocrática, que podría replicarse en todos los departamentos con presencia de la delincuencia armada en Colombia.

Que todo ello repercute sobre la economía nacional es la última de las preocupaciones del gobierno. Su credo ideológico y su desapego por las exigencias éticas lo estimulan a la imposición de su concepción del estado y de la sociedad que de ellas se derivan. La integridad de la Justicia y la movilización ciudadana constituyen las últimas defensas de nuestras libertades.