Desapareciendo del panorama el conflicto armado con las Farc, quedará en el ideario nacional  inquietudes sobre cambios radicales en los escenarios, que surgirán ante  la implementación de aquellos acuerdos firmados con esa guerrilla, por lo que la responsabilidad de las administraciones municipales de cara a la seguridad ciudadana se potenciará, porque las amenazas de la delincuencia, tanto común como  organizada, seguirán al  orden del día. Lo anterior debe alertar a los alcaldes para diseñar y presentar planes que  se desarrollarán a futuro, cobijando  ciudades y campos con una seguridad permanente, amplia y estable.

La gama de infracciones es extensa y las organizaciones delictivas que mutan constantemente entre los diferentes delitos permanecen al acecho de las gentes desprevenidas que caen en sus redes con asombrosa facilidad, situación que las autoridades y administraciones debe neutralizar; los homicidios, las lesiones personales, las riñas, el atraco a personas, el hurto de  celulares, la violencia  contra las mujeres y otros que se escapan, cada uno demandando estrategias diferentes, hacen parte integral de la problemática sobre seguridad que genera miedo en los ciudadanos, ampliando la sensación de inseguridad tan nociva para la imagen de la fuerza pública y las autoridades responsables de administrarla.

Ese panorama invita a clamar  por mayor presencia de efectivos policiales en las comunidades, petición difícil de atender debido a dificultades  presupuestales que genera el incremento de planta en la  Policía Nacional, encontrando los mandos como única salida, el refuerzo y capacitación en  tecnología que supla las falencia de  hombres para el servicio ciudadano.

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que vio la luz en el 2011,  fija protocolos a las autoridades municipales, estableciendo la obligación de planear una estrategia integral de seguridad, en coordinación con los comandantes de policía, planes que deben ser evaluados periódicamente para ajustar, cambiar o reforzar según los resultados arrojados por la estadística criminal, en los que seguramente se recomendará robustecer con equipamiento de última generación, los efectivos  policiales puestos al servicio de  unidades destinadas a la comunidad y los cuadrantes,  que en últimas son los encargados de  coordinar, orientar y motivar  ciudadanos  para comprometerlos en estrategias direccionadas a  seguridad comunitaria, pues sin ese apoyo será imposible combatir el crimen y llevar confianza a las colectividades.

La problemática sobre criminalidad en las diferentes ciudades está  sobrediagnosticada y los cambios en el comportamiento de la población delincuencial es de conocimiento público, como las causas generadoras y facilitadoras del actuar delictivo, poniendo al descubierto ciertas falencias en el andamiaje administrativo, desde el punto de vista preventivo. También incluye la  ampliación pronta y transparente de  justicia. La ciudad, los ciudadanos, la policía, la administración y la justicia son factores determinantes de  seguridad que deben engranarse para lograr un cubrimiento general